Salteños condenados por abuso sexual no podrán ejercer la docencia

El procurador general, Pedro García Castiella, y la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore, se reunieron en la Procuración General para analizar iniciativas destinadas a proteger a niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo. El foco principal del encuentro fue la implementación de instrumentos y normas que impidan el acceso a la docencia y al trato cotidiano con menores a personas con condenas por delitos contra la integridad sexual.

Durante la reunión, se destacó la necesidad de un trabajo coordinado entre el Ministerio Público Fiscal y la cartera educativa para agilizar las medidas administrativas y judiciales necesarias. El objetivo es prevenir situaciones de abuso y garantizar entornos seguros para los estudiantes, considerando su condición de vulnerabilidad.

Preocupación por agentes educativos con antecedentes

Uno de los temas centrales abordados fue la situación de algunos agentes educativos que, a pesar de tener condenas o procesos pendientes por delitos contra la integridad sexual, continúan en contacto con la comunidad escolar. Esta problemática fue identificada como un riesgo para la seguridad de los estudiantes y un factor que impacta negativamente en la confianza de las familias hacia las instituciones educativas.

El procurador García Castiella subrayó la importancia de articular esfuerzos interinstitucionales para fortalecer las medidas preventivas y de control. "Es fundamental implementar normas e instrucciones generales que refuercen la seguridad de los espacios educativos, donde se forma y desarrolla la infancia", afirmó.

Compromiso en la lucha contra el abuso y la violencia sexual

García Castiella reafirmó el compromiso del Ministerio Público Fiscal en la lucha contra los delitos de abuso y violencia sexual, destacando la importancia de estas acciones conjuntas para proteger a los estudiantes y garantizar que los espacios educativos sean seguros.

Por su parte, la ministra Fiore señaló que las iniciativas presentadas buscan proteger a los menores y restaurar la confianza de la comunidad en el sistema educativo. "La seguridad de nuestros estudiantes es una prioridad absoluta. Trabajaremos en conjunto para implementar medidas que aseguren su protección integral", aseguró.

Medidas propuestas

Entre las medidas analizadas se encuentran la revisión de antecedentes penales de los aspirantes a cargos docentes, la creación de protocolos de actuación ante denuncias y la promoción de campañas de concientización sobre los derechos de los niños y adolescentes.

El encuentro sentó las bases para avanzar en la implementación de políticas que refuercen los mecanismos de control y prevención en el ámbito educativo, con el objetivo de garantizar que las escuelas sean espacios seguros para el desarrollo de los estudiantes.