Salta tiene casi 1.500 deudores alimentarios: muchos acuerdos no se respetan

El Registro del Poder Judicial sumó 274 nuevos inscriptos en 2024, evidenciando un crecimiento en la morosidad respecto a años anteriores. En la provincia aún no se aplica el Índice de Crianza, utilizado en Buenos Aires para establecer parámetros en las cuotas alimentarias.

Según el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, creado por la Ley 7411, 1.419 personas figuran actualmente en la nómina. Durante 2024, se incorporaron 274 nuevos casos, superando los 249 registrados en 2023 y los 166 de 2022.

Blanca Ferri, secretaria de Derechos Humanos de la Corte de Justicia de Salta, explicó que la tendencia sigue en aumento, aunque con menor crecimiento interanual. "Si se toma como referencia el período 2022-2023, hubo un aumento de 83 deudores, mientras que de 2023 a 2024, el crecimiento fue menor, con 25 nuevos casos", detalló.

Los jueces consideran dos variables al fijar la cuota alimentaria: ingresos y bienes del demandado, y necesidades del niño o adolescente. 

En general, las cuotas oscilan entre el 20% y el 40% de los ingresos del progenitor. Sin embargo, cuando no hay un empleo formal, se buscan otras formas de contribución, como el pago de actividades extracurriculares o entrega de mercadería.

El Índice de Crianza, implementado en Buenos Aires desde diciembre, establece que en enero de 2024 se necesitaban entre $390.000 y $490.000 mensuales para la crianza de un niño hasta los 12 años. En Salta, aún no se utiliza debido a la falta de una normativa que lo respalde.

El 70% de las causas en el fuero de familia están relacionadas con alimentos. De los 768 pedidos de mediación registrados entre enero y mayo de 2024, el 64% concluyó en acuerdos, lo que evidencia su eficacia.

Sin embargo, el incumplimiento sigue siendo un problema recurrente, ya que muchos acuerdos no se respetan con el tiempo, generando nuevas demandas y engrosando la lista de deudores.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Corte se enfatiza la importancia de la comunicación entre progenitores para evitar la judicialización.

"Los mayores perjudicados son los niños y adolescentes, que no pueden valerse por sí mismos", marcó Ferri. Por ello, se insiste en promover el diálogo y el uso de la mediación como vía para garantizar el acceso efectivo a la alimentación.