Juzgan a cuatro empleados del hospital San Bernardo de robar medicamentos

La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), representa al Ministerio Público Fiscal en una audiencia de debate en la que se juzga a cuatro personas -tres empleados de la Farmacia de Guardia del Hospital San Bernardo y una enfermera- por el delito de peculado. Los acusados habrían aprovechado sus funciones para sustraer medicamentos del hospital en beneficio propio.

Desde el pasado viernes 25 de octubre, en la Sala 7 del Tribunal de Juicio, el juez Francisco Mascarello lidera el proceso judicial en el que se juzga a Víctor Hugo García (auxiliar administrativo), María Alicia Delia (empleada administrativa de la Farmacia de Guardia), Miriam Rosana Renfijes (técnica superior en farmacia) y Sutara Elva Rosa (enfermera de Guardia) como coautores del delito. En la apertura del juicio, la fiscal Salinas Odorisio sostuvo que los acusados se habrían aprovechado de sus cargos para apropiarse de bienes estatales, burlando los protocolos administrativos que regulan la distribución de medicamentos.

La investigación de la UDEC se originó a partir de una denuncia presentada por el apoderado del Hospital San Bernardo, quien detectó la falta de medicamentos. Según las normativas, los medicamentos destinados a pacientes internados y ambulatorios son gestionados exclusivamente por la Farmacia Central y la Farmacia de Guardia.

Durante los allanamientos realizados en los domicilios de los acusados, se incautaron insumos y medicamentos que, tras un análisis exhaustivo de los registros de stock y logística del hospital, se confirmó que formaban parte de adquisiciones previas de la institución. El entrecruzamiento de datos mediante los números de lote, presentación y fechas de vencimiento permitió relacionar los bienes secuestrados con el inventario oficial del hospital, reforzando la acusación contra los imputados.

La Fiscalía continuará presentando pruebas en los próximos días, en lo que se espera sea un proceso crucial para determinar la responsabilidad de los acusados en este presunto desvío de recursos públicos.