El Gobierno echó a otros 500 empleados y anticipó recortes en otras áreas

En el marco de su política de reducción del gasto público, el Gobierno nacional avanzó con la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, dependiente del Ministerio de Economía. La medida, formalizada a través de la resolución 150 publicada este jueves en el Boletín Oficial, implica la desvinculación de 500 empleados, tanto de planta permanente como contratados, y se enmarca en el decreto 70, que establece una reestructuración profunda del Estado.

Esta decisión forma parte de la denominada "motosierra 2.0", una estrategia que busca reducir el tamaño del sector público y optimizar los recursos estatales. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicó en un posteo en la red social X que la normativa "transfiere a disponibilidad a la planta de la secretaría" y que el ahorro estimado por estas desvinculaciones, cuyos salarios promediaban el millón de pesos, ascenderá a $6500 millones anuales en impuestos.

Además, Sturzenegger adelantó que se desvinculará a "un número indefinido de auditores" contratados por la secretaría a través de universidades nacionales. "La racionalización del gasto público para poder seguir bajando impuestos y devolverle capacidad de gasto al sector privado es un imperativo que nos exige el presidente Javier Milei", sostuvo el funcionario.

Esta no es la primera medida de ajuste en el área. El año pasado, el Gobierno ya había recortado el financiamiento de los programas dependientes de esta secretaría y disuelto el Plan Procrear, junto con el fondo fiduciario que lo respaldaba. Estas acciones se alinean con el objetivo de la administración libertaria de reducir el déficit fiscal y bajar la carga impositiva.

Más despidos y desregulación del Estado

En lo que va de 2024, el Gobierno ha desvinculado a 37.595 trabajadores estatales, según datos oficiales. De ese total, 22.302 corresponden a la Administración Centralizada y Descentralizada, 12.410 a empresas del Estado y 2883 al personal de seguridad y militar. Sturzenegger defendió estas medidas, argumentando que permiten reducir el gasto público "sin comprometer el equilibrio fiscal".

Paralelamente, el Ejecutivo avanza con su plan de desregulación del Estado. A través del decreto 105, publicado este martes en el Boletín Oficial, se unificaron los sistemas de inscripción vinculados a la contratación de obra pública y se modificó el régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional (APN). La normativa, impulsada por Sturzenegger, busca reducir la burocracia, simplificar los trámites y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos estatales.

Entre los cambios más significativos, se derogó el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, encargado de calificar y capacitar a las empresas del sector, y el Registro Nacional de Firmas Consultoras de Obras Públicas, que regulaba la contratación de servicios de consultoría con empresas privadas. Estas medidas entraron en vigencia el miércoles 19 de febrero.