Fuego cruzado

Así empezó la guerra entre el Procurador Castiella y el juez de Orán

La Justicia solicitó la detención Claudio Parisi, el intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez, y el abogado Roberto Ortega Serrano

La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales Mariana Torres, Carlos Salinas y Alda Daniela Murúa, solicitó la detención del juez Claudio Parisi, el intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez, y el abogado Roberto Ortega Serrano. La petición fue elevada al juez de Garantías Raúl López, debido a la inhibición del juez Francisco Oyarzú en la causa.

Hace unos días, el Procurador General de la Provincia de Salta, Pedro Oscar García Castiella, presentó una denuncia formal contra el juez Claudio Parisi, de la ciudad de Orán, solicitando su destitución ante el Jurado de Enjuiciamiento. La acusación se centra en presuntas irregularidades cometidas por el magistrado en relación con casos de drogas y bandas criminales en el norte de Salta.

Parisi, quien enfrenta dos pedidos de juicio por presuntas coimas, está acusado de haber obstaculizado investigaciones al brindar acceso indebido a información judicial. Según la denuncia, Parisi habría alertado al intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez, sobre futuros allanamientos relacionados con una investigación criminal, a través de mensajes de WhatsApp. Este aviso frustró las operaciones policiales planeadas, afectando el avance de las investigaciones.

La Unidad Fiscal a cargo del caso, compuesta por los fiscales Mariana Torres, Carlos Salinas y Alda Daniela Murúa, solicitó la detención de Parisi, junto con la del intendente Martínez y el abogado Roberto Ortega Serrano, quienes estarían involucrados en los hechos denunciados. La solicitud de arresto fue elevada al juez de Garantías Raúl López, luego de que el juez Francisco Oyarzú se inhibiera de intervenir en el caso.

Esta grave acusación pone en el centro del debate el manejo de la justicia en el norte de Salta, una zona conocida por su problemática vinculada al narcotráfico y la presencia de organizaciones criminales. El Procurador General destacó la urgencia de garantizar la integridad del sistema judicial, especialmente en áreas tan sensibles, donde las acciones de los acusados habrían comprometido investigaciones clave.

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