Devaluación del peso boliviano: peligran muchos puestos de trabajo en Salta

Las Cámaras del Norte, en conjunto con los sindicatos de empleados de comercio, emitieron una declaración conjunta expresando su profunda preocupación por la situación crítica que enfrentan los comercios en los departamentos de Orán y San Martín, tras la devaluación del peso boliviano y el creciente contrabando. 

Diversos sectores como zapaterías, indumentaria, tecnología, electrodomésticos y alimentos se encuentran gravemente afectados por prácticas ilegales de contrabando, que están devastando la economía local.

Uno de los problemas más alarmantes es el contrabando al por mayor, donde camiones cargados de mercadería ingresan de manera irregular. Según la declaración, estas operaciones muchas veces se realizan con la presunta connivencia o "vista gorda" de ciertos organismos de control, lo que agrava aún más la magnitud del problema, según informó NorteYa. Este tipo de contrabando no solo afecta la sostenibilidad de los comercios legales, sino que también pone en riesgo cientos de puestos de trabajo de calidad generados por las pequeñas y medianas empresas que operan dentro del marco legal.

A esta problemática se suma el contrabando hormiga, promovido por los denominados "tours de compras". Esta modalidad implica el ingreso de productos sin controles de calidad ni el pago de impuestos, que luego son comercializados en ferias y redes sociales. Estas prácticas desleales afectan directamente a las pequeñas y medianas empresas locales, creando un ambiente hostil para quienes cumplen con las normativas y tributan.

La declaración marca que no se está en contra del derecho al trabajo ni de la libertad de los consumidores para decidir en qué gastar su dinero. Sin embargo, se destaca la competencia desleal que sufren los comercios legales, los cuales enfrentan altas cargas impositivas, controles estrictos y costos operativos. Mientras tanto, los sectores que actúan al margen de la ley lo hacen sin cumplir con ninguna regla, perjudicando gravemente a quienes trabajan formalmente y sostienen la economía regional.

La informalidad derivada de estas prácticas no solo perjudica a los comerciantes y a los empleos que generan, sino también al desarrollo regional y al bienestar general. Al reducir la recaudación de impuestos y tasas, el Estado pierde recursos esenciales que podrían destinarse a servicios básicos como salud y educación, afectando directamente la calidad de vida de la población.