Irrupción de bolivianos en selvas de Salta: Bullrich manda a Gendarmería

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció el envío de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) a Salta para investigar una presunta invasión de tierras por parte de ciudadanos bolivianos. Este anuncio surge en medio de un contexto de creciente preocupación por la falta de controles en la frontera, lo que permitió la ocupación ilegal de terrenos, el desmonte y el contrabando en la región.

La situación se vio agravada por la actuación de Horacio Cruz Castro, líder de los cañeros bermejeños, quien fue denunciado por miembros de la comunidad Tape Iguapegui. Se le acusa de amenazar a la cacique Natalí Vásquez con un machete y de incitar a su grupo de seguidores a utilizar armas contra los miembros de la comunidad ava guaraní. En 2021, Cruz Castro presentó acciones legales en Bolivia, alegando una supuesta "perturbación" en la propiedad que reclama sobre El Trementinal.

La comunidad ava guaraní y los productores del río Grande de Tarija manifestaron su descontento con la falta de acción del Estado argentino, que permitió el avance del contrabando y la tala ilegal de 2.500 hectáreas de selva ribereña en General Mosconi. Se estima que desde esta zona se contrabandean alrededor de 150.000 toneladas de caña de azúcar hacia Bolivia, lo que pone de manifiesto la gravedad de la situación.

Los miembros de la comunidad, organizados en Tape Iguapegui, expresaron su temor de que, si no se actúa de inmediato, las plantaciones de caña de azúcar en áreas como El Trementinal y Chuscal se verán completamente destruidas, según LaDerechaInforma.

En un comunicado en X, Bullrich señaló: "Mandaré a la Gendarmería Nacional a comprobar si esto está pasando", refiriéndose a la denuncia sobre la invasión de tierras. Este movimiento es parte de una respuesta más amplia a la crisis en la frontera, que ha visto una falta de acción efectiva por parte de las autoridades en los últimos años.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia reconoció la situación y desmintió las afirmaciones de un usurpador que se autoproclama dueño de un terreno no registrado en su país, reafirmando que el terreno en disputa pertenece a Salta.

El conflicto fronterizo no es nuevo. Desde hace décadas, las comunidades ava guaraní y los productores denunciaron la retirada ilegal de mojones que delimitan la frontera entre Argentina y Bolivia. En 2014, operativos de seguridad revelaron la magnitud del contrabando y la explotación de trabajadores indocumentados, pero la situación ha empeorado en los últimos años.