Sturzenegger anunció medidas para regular Universidades Públicas: de qué se trata

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, presentó una serie de reformas orientadas a la regulación de las universidades nacionales, enfocándose en el control y la transparencia del uso de fondos públicos en estas instituciones. Durante una entrevista en LN+, el ministro aseguró que las medidas no afectan la gratuidad de la educación universitaria, sino que buscan "transparentar en qué se gasta y cómo se rinden cuentas de esos gastos".

Entre las disposiciones principales, Sturzenegger detalló que las universidades deberán adherir a los sistemas de compras del Estado, prohibir los convenios interadministrativos y procesar los salarios a través del sistema de administración e-SIDIF, con el fin de garantizar una rendición de cuentas más detallada. "Las universidades son autónomas, pero al ser parte del sector público deben cumplir con los mismos estándares en la administración de fondos", enfatizó el ministro.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) expresó su rechazo a estas disposiciones y ha anunciado acciones legales para frenar la intervención de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que considera inconstitucional. En un comunicado, la UBA afirmó que la medida es una "injerencia en el principio de libertad de cátedra", argumentando que "sí a las auditorías, no a la intervención del Poder Ejecutivo en las universidades". La universidad, además, informó que ya cumple con auditorías anuales realizadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) y que solicitó su inclusión en el plan de auditorías de 2025.

En respuesta a la intervención de la Sigen, la UBA convocó a expertos independientes para una auditoría externa de sus controles internos, como muestra de su compromiso con la transparencia. Otras universidades del país evalúan unirse a las acciones de la UBA, defendiendo su autonomía ante lo que consideran un intento de control indebido por parte del gobierno.

Desde sectores de la oposición y organizaciones estudiantiles han surgido críticas a las reformas impulsadas, calificándolas como un "retroceso para la autonomía universitaria". Los líderes opositores defendieron el derecho de las universidades a gestionar sus fondos de manera independiente y cuestionan la intención del gobierno de imponer estos controles. Mientras tanto, desde la Casa Rosada se sostiene que las medidas son esenciales para asegurar un uso responsable y transparente de los recursos públicos.

Con las posiciones en conflicto, el debate sobre la relación entre el Estado y las universidades públicas abre un nuevo capítulo. La implementación de las reformas y la defensa de la autonomía universitaria tendrán en los próximos meses un impacto significativo en el sistema de educación superior del país.