Designación de jueces: "Macri también intentó, aunque luego se echó para atrás"

El Gobierno de Javier Milei oficializó el martes la designación en comisión de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La medida, publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 137/2025, fue firmada por el Presidente y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

El decreto destaca que la Corte Suprema cuenta actualmente con solo tres ministros, lo que dificulta su funcionamiento y la toma de decisiones, ya que se requieren al menos tres votos para resolver los casos. La designación en comisión de Lijo y García Mansilla busca cubrir las vacantes existentes, aunque la medida estará vigente únicamente hasta que el Senado se expida sobre sus pliegos de manera definitiva.

Desde el Gobierno justificaron la decisión argumentando que la falta de definición del Senado pone en riesgo el normal funcionamiento del Poder Judicial. Además, recordaron que la designación en comisión es una facultad presidencial prevista en la Constitución, que ha sido utilizada en otras administraciones, incluyendo las de Urquiza, Mitre, Yrigoyen, Perón, Alfonsín y Macri.

Opinión de un constitucionalista

Astigueta señaló que la designación genera un escenario de incertidumbre: "Estos jueces estarían en condiciones de jurar como miembros de la Corte, pero el Senado, en cualquier momento, puede darles de baja. Esto crea una laguna legal: si los jueces cesan inmediatamente o si continúan hasta fin de año o hasta el próximo primero de marzo, cuando comience una nueva legislatura".

Además, el constitucionalista destacó la importancia de que la Corte cuente con sus cinco miembros: "La ley vigente establece que deben ser cinco, y las decisiones se toman por mayoría. Con tres ministros, la Corte solo puede funcionar si todos están de acuerdo, lo cual no siempre sucede. Esto afecta gravemente el funcionamiento del tribunal".

Astigueta también mencionó las tensiones internas en la Corte: "Se sabe que los jueces están muy enfrentados, especialmente Lorenzetti con los otros dos, incluido el presidente. Esto agrava la situación".

Finalmente, recordó que la Constitución es clara en cuanto a que el presidente no tiene exclusividad para designar jueces de la Corte Suprema. "Cada uno hace su interpretación, pero la Corte podría incluso rechazar el juramento de los designados si considera que el procedimiento no siguió el trámite constitucional", concluyó.

La designación de Lijo y García Mansilla abre un nuevo capítulo en la compleja relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, mientras la Corte Suprema continúa funcionando con un número reducido de miembros, lo que impacta directamente en su capacidad para resolver casos de relevancia nacional.