Sáenz envió el proyecto para que conductores alcoholizados paguen por sus siniestros viales

El gobernador Gustavo Sáenz presentó un proyecto de ley ante la Legislatura de Salta que establece que los conductores que causen accidentes viales bajo los efectos del alcohol o drogas deben hacerse responsables del costo de las atenciones médicas que se brinden a través del sistema público de salud provincial.

"El hecho de que un conductor cause un accidente debido a su negligencia, más allá de las sanciones legales, debe implicar que asuma las consecuencias económicas de los servicios médicos generados por su imprudencia", afirmó Sáenz. 

El mandatario subrayó que los accidentes de tránsito, particularmente aquellos causados por conductores alcoholizados o drogados, representan un gasto considerable para el sistema de salud, lo que afecta directamente el erario público. "Esto repercute en el sistema de Salud, que debe destinar sumas muy elevadas para la atención de quienes conducen de manera irresponsable", agregó.

El proyecto no contempla excepciones. En caso de que el conductor responsable del accidente no pueda cubrir los gastos debido a su insolvencia económica, la ley prevé que deberá compensar la deuda mediante servicios comunitarios. "El que ocasiona un daño al erario público con su conducta debe responder por él, sin importar su situación económica", explicó Sáenz.

En cuanto a los detalles del proyecto, el Gobernador indicó que permitirá al Ministerio de Salud Pública gestionar el cobro de las prestaciones sanitarias, incluyendo medicamentos, prótesis y otros servicios relacionados, a cargo de los conductores que causen accidentes bajo el efecto del alcohol o estupefacientes. 

Si la persona no puede abonar la deuda, deberá cumplir con la obligación mediante trabajos comunitarios, según lo que determine la reglamentación correspondiente. Además, si la deuda no es saldada dentro de los 60 días desde la facturación, se procederá a emitir un certificado de deuda que se podrá ejecutar judicialmente.

El objetivo de esta propuesta es garantizar que los fondos destinados al sistema de salud sean utilizados de manera justa y que quienes generen costos adicionales, a causa de su conducta imprudente, asuman la responsabilidad económica.