En medio del robo a la Caja de Abogados de Salta, denuncian "oportunismo político"

Esta situación, alertada por el tesorero y el sector contable, trajo como consecuencia el inmediato despido, denuncia y querella de Sergio López. Según fuentes entrevistadas por Que Pasa Salta, de la documentación incorporada al legajo fiscal surge la confesión de López, quien manifiesta que "se responsabiliza por los hechos que se le atribuyen", refiriendo también que actuó solo y sin complicidad.

Realizada la auditoría, la que fuera delegada a la oposición de la actual conducción, con la intervención del CIF, se pudo certificar que el hecho delictivo se configura en el tan conocido "robo hormiga", ya que las cifras alarmantes que trascendieron en un primer momento, no se condicen con el resultado que arrojó la auditoría.

Del documento publicado en la web institucional, se desprenden cuestiones llamativas como que el Sr. López comenzó su accionar en el año 2017; que la auditoría fue contratada por la oposición a la gestión para garantizar transparencia; que los fondos en moneda extranjera se encuentran a resguardo; y un dato final, es que durante el período 2023 se certificó que no existe faltante en la institución, por lo que la defraudación llegó hasta el 2022. Se destaca la publicidad de la auditoría.

A casi tres meses del hecho denunciado por la propia institución, el Sr. López continúa privado de su libertad bajo la modalidad domiciliaria, ya que los primeros meses tuvo su instancia en las dependencias de la alcaidía.

Cuentas pendientes

La organización de la Caja de Abogados cuenta con un Consejo de Administración a cargo de la lista vencedora de las elecciones, y la minoría ocupa la totalidad de los cargos del órgano revisor de cuentas. De entre los miembros directivos se elige un tesorero cuya función no es contable, ya que la institución cuenta con un área técnica y de un auditor externo en el control del patrimonio social.

Un punto álgido no relatado, es que el actual tesorero Dr. Eduardo Romani, quien se desempeña en el cargo desde hace un año y medio, de los 18 años que trabaja el Sr. López, fue quien anotició de los hechos delictivos al Consejo de Administración y a los propios revisores de cuenta.

Fuentes cercanas a la abogacía refieren que, pese al accionar referido y a la actuación del tesorero, un grupo de profesionales con presuntas aspiraciones políticas apuntan a Romani porque tendrían cuentas pendientes derivadas de los distintos resultados electorales, y por los procesos judiciales en los que se desempeña como profesional del derecho.

"Los ataques son personales y políticos hacia el Dr. Romani, desviando la atención del hecho que se investiga y que realmente le interesa a la matrícula", refirió un ex directivo de la Institución.

También el profesional analizó la situación, y puso de relieve que se haya encontrado al empleado infiel, y que la auditoría esté en manos de la minoría representada en el órgano revisor de cuentas. "Claramente, un empleado con 18 años de antigüedad en el cargo, y que pasó por muchísimas gestiones, no comenzó su accionar al finalizar su carrera, lo que quedó claramente expuesto en la auditoría publicada, es por ello que corresponde destacar que el hecho haya sido encontrado por la actual conducción". "Miente miente que algo quedará", sentenció.