¿Quién mató a las turistas francesas? La nueva investigación que anunció Castiella

El Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, brindó una conferencia de prensa en la que informó sobre las medidas adoptadas en la causa por el homicidio de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni. El objetivo es asegurar la continuidad del proceso judicial y garantizar el respeto a los derechos de las víctimas.

Durante su intervención, García Castiella anunció que el Ministerio Público Fiscal ha decidido solicitar que la investigación continúe. En este sentido, resaltó la necesidad de "hablar con la claridad que la cuestión amerita y merece, sin tapujos y dejando en claro a la sociedad y a la opinión pública en qué estado se encuentra actualmente el trámite y las consecuencias derivadas del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que provocó esta situación que ahora nos toca presentar".

El Procurador recordó que la Corte Suprema, tras analizar el expediente durante siete años, determinó que Santo Clemente Vera había sido condenado de manera errónea debido a que no se había cumplido con lo establecido en el artículo 550 del Código Procesal Penal de la provincia. Enfatizó que el tribunal no se pronunció sobre la culpabilidad o inocencia de Vera, sino sobre el procedimiento judicial, señalando que, de corresponder una condena, era necesario llevar a cabo un nuevo juicio.

Luego de esta decisión, el expediente fue remitido a la Corte de Justicia de Salta, que dispuso que una nueva Sala del Tribunal de Impugnación resolviera la situación. Esta instancia tenía dos opciones: ordenar un nuevo juicio o confirmar la absolución basándose en el principio de la duda. Sin embargo, el 30 de diciembre pasado, el Tribunal de Impugnación tomó una tercera determinación: declarar la insubsistencia de la acción penal y sobreseer a Vera.

García Castiella explicó que el principio de insubsistencia de la acción penal es una figura derivada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aceptada por la Corte Suprema de la Nación, que establece el derecho de un imputado a ser juzgado en un tiempo razonable. No obstante, aclaró que "el plazo de prescripción de la acción penal para un delito de homicidio agravado es de 15 años a partir de 2011, por lo que aún está vigente". En este marco, subrayó que "el principio de insubsistencia de la acción penal y el principio de extinción de la acción penal son conceptos diferentes. La insubsistencia es un beneficio para el imputado y se aplica en su caso particular, mientras que la extinción de la acción penal cancela por completo la posibilidad de continuar con la investigación".

Ante esta situación, se presentó un escrito incidental ante el Tribunal de Impugnación solicitando la extracción de copias del expediente para trasladarlo al juzgado de transición correspondiente y permitir la continuidad del proceso.

El Procurador destacó el compromiso del Ministerio Público Fiscal con la transparencia y aclaró que no se trata de una reapertura del caso, ya que existe un proceso válido con un condenado cuya situación no ha sido cuestionada. El objetivo es garantizar los derechos de las víctimas y permitir que las querellas presenten pruebas adicionales. En este contexto, también se solicitará la colaboración del laboratorio de Francia para analizar evidencias genéticas y de biología molecular aún pendientes.

Para finalizar, García Castiella sostuvo que "el planteo efectuado está supeditado a lo que resuelva el Tribunal. No obstante, consideramos que la aplicación del principio de insubsistencia de la acción penal para impedir la continuidad de la persecución penal respecto de Santo Clemente Vera es un argumento jurídicamente atendible, debidamente fundado y sostenido por lo que el concepto de insubsistencia de la acción penal y derecho a juzgar en plazos razonables, pero también mezcla en algunos puntos insubsistencia con extinción de la acción penal, que es lo que nosotros como Ministerio Público Fiscal, debemos defender. La vida de la acción penal está vigente y corresponde garantizar su continuidad".

Finalmente, ante una consulta periodística, concluyó: "Quien quiera decir o aportar algo, que venga, se siente y diga todo lo que tenga que decir, pero en el marco institucional, constitucional y procesal que corresponda".