Presentaron una nota en Diputados en contra del proyecto de la nueva Ley Penal Juvenil

Las Comisiones de Legislación Penal, Justicia, Presupuesto y Hacienda, y Familias, Niñez y Juventudes de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, expresaron sus observaciones y preocupaciones sobre el Proyecto de Ley N° 46/2024, propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional para establecer un nuevo régimen penal juvenil.

Los organismos representados por Martínez y Graham destacan la necesidad de un debate que respete los estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos, asegurando la protección especial a la niñez y adolescencia frente a la ley penal. En este contexto, subrayan que la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y otros tratados internacionales obligan al Estado Argentino a adaptar su normativa interna a estos estándares, compromiso que, hasta ahora, consideran inconcluso.

Principales observaciones y críticas

1. Edad de Responsabilidad Penal:

   • El proyecto propone reducir la edad mínima de responsabilidad penal a 13 años. Martínez y Graham critican esta medida por basarse en criterios securitarios sin evidencia de su eficacia, señalando que va en contra de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, que insta a no reducir la edad de punibilidad y a adoptar medidas no judiciales.
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2. Privación de Libertad:

   • El proyecto establece la privación de libertad como regla general, lo que contraviene el principio de que debe ser una medida de último recurso. Además, la propuesta no define plazos claros para la prisión preventiva ni establece criterios objetivos para medidas alternativas, lo que podría llevar a un uso excesivo de la privación de libertad.
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3. Tratamiento de Menores no Punibles:

   • Se observa que el proyecto trata a los menores de edad no punibles de manera similar a los punibles, incluso permitiendo su internación bajo términos ambiguos y sin plazos definidos. Esto viola los principios del debido proceso y podría resultar en la privación de libertad de niños muy pequeños.
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4. Justicia Especializada:

   • La propuesta no garantiza una defensa especializada ni establece regulaciones específicas en materia de plazos y prescripción. También permite el alojamiento de adolescentes en unidades penitenciarias, lo que podría agravar las condiciones de detención y vulnerar sus derechos.
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5. Penas Aplicables:

   • La imposición de penas severas para menores, como la privación de libertad por hasta 20 años, no se alinea con los principios de brevedad y excepcionalidad que deben regir la justicia penal juvenil. Además, la propuesta incluye penas accesorias que no se aplican ni siquiera a adultos, lo que podría generar efectos negativos e irreversibles en los menores.
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