Conductores imprudentes: proponen que se hagan cargo de los gastos médicos

En el marco de las políticas de seguridad vial y la eficiente administración de recursos públicos, se presentó un nuevo proyecto de ley que busca regularizar el reembolso de los gastos estatales por la asistencia médica brindada a conductores de vehículos automotores que incumplen las restricciones de circulación. 

Esta iniciativa es prácticamente una réplica textual de la ley Nº 3424/2024 de la provincia de Neuquén, que establece un sistema similar de reembolso de costos asociados a la asistencia en situaciones de imprudencia al volante. El mismo fue diseñado por los diputados Víctor Lamberto y Juan Carlos Roque Posse.

El proyecto de ley tiene como objetivo principal garantizar el uso racional de los recursos públicos, asegurando que los conductores que actúan de manera imprudente y en contravención a las normativas de circulación asuman los costos derivados de sus acciones. En particular, la normativa busca que los infractores cubran los gastos asociados al rescate y la asistencia médica, promoviendo así una mayor responsabilidad al conducir y un uso más eficiente de los recursos estatales.

La propuesta no solo tiene un enfoque sancionador, sino que también pretende ser un elemento disuasivo para los conductores, incentivando el cumplimiento de las normativas viales y, en última instancia, reduciendo la incidencia de accidentes y situaciones de emergencia en las vías públicas.

El proyecto de ley aún no cuenta con dictámenes de las comisiones correspondientes: la Comisión de Seguridad y Participación Ciudadana, la Comisión de Asuntos Municipales y Transporte, la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y la Comisión de Legislación General. La falta de estos dictámenes indica que la propuesta se encuentra en una etapa preliminar de evaluación, donde se analizarán los aspectos técnicos, financieros, y jurídicos antes de ser debatida en el plenario legislativo.

De ser aprobado, este proyecto podría marcar un precedente en la gestión de los recursos públicos destinados a la seguridad vial y la atención de emergencias. Al replicar el modelo establecido en la provincia de Neuquén, la iniciativa busca consolidar una política uniforme a nivel nacional que responsabilice a los infractores por los costos derivados de su conducta imprudente.

Este proyecto es una señal clara de la intención de las autoridades de endurecer las políticas de responsabilidad vial y de garantizar que los recursos del Estado se utilicen de manera justa y eficiente, obligando a quienes desobedecen las leyes a afrontar las consecuencias económicas de sus acciones. La discusión y eventual aprobación de esta ley podría ser un paso significativo hacia un marco normativo más riguroso y sostenible en materia de seguridad vial y administración de recursos públicos.