Pistolas taser en Salta: el Comité contra la Tortura pidió desestimar su uso 

El Comité local está integrado por Rodrigo Solá, Rosa Ramón Corregidor, Cristina Cobos y Marcelo Andrés Giordamachi, quienes tienen facultades para emitir observaciones y opinión técnica especializada a las autoridades pertinentes para prevenir actos de tortura.

Esta acción del Comité se debe a que el pasado 28 de marzo diputados y diputadas aprobaron por mayoría la declaración que veían "con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial gestione ante el Ministerio de Seguridad de la Nación la provisión de pistolas Taser como así también la instrucción de uso correspondiente".

"Ante esta situación, el Comité le recomendó al Ministerio de Seguridad y Justicia desestimar la declaración de la Cámara de Diputados por resultar ´contraria a los estándares de derechos humanos vigentes en la materia´, destaco en su edición de hoy la sección local del diario Página 12.

El Comité señaló que las pistolas Taser son consideradas "armas con poder menos letal", que las armas de fuego, pero "igualmente son letales". También advirtió que la clasificación errónea como "armas no letales" puede dar lugar a confusión y avalar su uso en cualquier tipo de contexto.

Las Taser «ocasionan una incapacidad temporal. En todos los casos produce una descarga de contacto directo que genera dolor, sufrimiento físico y psíquico, que podrían considerarse torturas o malos tratos y abiertas violaciones a los derechos humanos», indicó el Comité. De esta manera, el uso de estas pistolas «conlleva una serie de riesgos que trasgreden las recomendaciones dadas por organismos internaciones de DDHH y por normativa interna de nuestro país».

Las recomendaciones enfatizaron también que el uso de esas armas "pueden potenciar la violencia institucional", "debido a su facilidad de uso, portabilidad, capacidad de infringir dolor sin dejar señales importantes». Además, advirtió que el uso de las Taser podría volverse masivo y escapar al control de los principios de proporcionalidad, excepcionalidad y legalidad que deberían regular el uso de toda fuerza pública, y que éstas pueden ser utilizadas con la mera finalidad de provocar un daño, castigo o confesión.

"El organismo citó un informe del Programa sobre uso de la fuerza y empleo de arma de fuego del Ministerio de Seguridad de la Nación, de 2020, e indicó que el 51,6% de hechos con disparos por parte de fuerzas de seguridad ocurrieron cuando los agentes se encontraban fuera de servicio", destacó el medio citado./ El Cuarto