Ex concejala del Movimiento Evita fue procesada por desviar fondos públicos

En un golpe significativo a la corrupción dentro de las esferas políticas locales, la ex concejala de Quilmes y dirigente del Movimiento Evita, Patricia Noemí Iribarne, fue procesada por el presunto delito de malversación de caudales públicos. 

El juez federal de Quilmes, Luis Armella, dictó embargos por 100 millones de pesos contra Iribarne y otros ocho implicados en la causa, quienes habrían desviado más de 85 millones de pesos a través de diversas cooperativas.

Patricia Noemí Iribarne, quien ingresó al Concejo Deliberante de Quilmes en 2017 de la mano del Movimiento Evita, está acusada de haber desviado fondos públicos entre 2018 y 2022. Los recursos, que provenían del ex Ministerio de Desarrollo de la Nación y del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, estaban destinados a convenios específicos pero fueron utilizados de manera irregular para consumos personales, extracciones bancarias y transferencias a otras cooperativas y personas relacionadas con ella.

Las cooperativas involucradas en la maniobra fraudulenta incluyen La Chinita, La Montonera, La Guevarita, El Emporio Limitada, Pocho Lepratti y la cooperativa de trabajo Julio Roqué. Estas entidades, bajo la representación de Iribarne y su círculo cercano, giraban los fondos recibidos entre sí sin contraprestación alguna y falsificaban rendiciones de cuentas utilizando facturas apócrifas.

Los otros procesados en la causa, quienes también enfrentan embargos y cargos de malversación, son:

• Susana Beatriz Reia: Presidenta y operadora de cuentas de varias cooperativas, participó en transacciones y transferencias a personas y entidades relacionadas con Iribarne.
• Jorgelina Elizabet Fernández: Hija de Iribarne, implicada en transferencias a cuentas propias y de allegados.
• Fabio Fernán González: Tesorero y vocal de cooperativas, realizó transferencias a entidades relacionadas con Iribarne.
• Eduardo Daniel Calderón: Autoridad de cooperativas, pareja de la hija de Iribarne, participó en el desvío de fondos.
• Rosa Mabel Luján Duartes: Realizó transacciones desde cooperativas hacia cuentas de allegados de Iribarne.
• Jorge Edgardo Fernández: Ex pareja de Iribarne, procesado por su participación necesaria en la malversación.
• Marcelo Alexis Moyental: Contador público de cooperativas, facilitó la aplicación indebida de fondos.
• María Cecilia Fernández: Hija de Iribarne, procesada como autoridad y tesorera de cooperativas, implicada en transferencias fraudulentas.

El caso generó una gran cantidad de testimonios de víctimas que acusan a Iribarne de coacción para realizar tareas o ocupar cargos en las cooperativas. Una testigo refirió que los obligaban a participar como directivos de las cooperativas, firmar documentos falsos y trabajar bajo amenazas de no recibir pagos si no accedían a las demandas.

Otra denunciante afirmó que las rendiciones de cuentas contenían facturas apócrifas y que los fondos desviados se utilizaron para la compra de una casa y un vehículo a nombre de una de las hijas de Iribarne. Además, se señaló que varios implicados, incluidos Iribarne y sus colaboradores, robaban claves fiscales de los "compañeros" para facturar a nombre de los estafados.

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, inició una investigación interna sobre el caso. Leila Gianni, subsecretaria Legal, y Ariel Romano, Director General de Asuntos Jurídicos, están a cargo de esta pesquisa, que busca esclarecer el rol de cada implicado y establecer medidas correctivas para evitar futuros desvíos de fondos.