[ATENCIÓN] No titularizarán a docentes con causas por delitos sexuales

La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta, Cristina Fiore, resolvió mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial que los docentes que cuenten con condenas firmes por delitos dolosos, en particular aquellos involucrados en delitos contra la integridad sexual, serán excluidos de los procesos de titularización. Esta medida se formalizó a través del artículo 7, inciso F de la resolución 15, publicada el 20 de enero de 2025.

El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (Sitepsa) cuestionó de manera firme esta disposición. A través de un comunicado, el gremio expresó que la resolución vulnera derechos fundamentales, en especial el principio constitucional de presunción de inocencia, al establecer la imputación de un delito como un requisito para acceder a la titularidad de cargos y horas cátedra. Según el sindicato, la resolución discrimina entre tipos de delitos, señalando que para ciertos casos de delitos sexuales, ni siquiera es necesaria una sentencia firme, sino que basta con una imputación para excluir a los docentes del proceso de titularización, así lo publicó El Tribuno.

María Victoria Cervera, secretaria general de Sitepsa, expresó que este enfoque vulnera el derecho al debido proceso y afecta la estabilidad laboral de los docentes. Desde el gremio, se propuso que, en caso de que un docente esté imputado pero no condenado, se le reserve el cargo hasta que la justicia determine su culpabilidad o inocencia, garantizando así la protección de su derecho laboral.

La resolución forma parte de un contexto más amplio, donde en diciembre de 2024 se promulgó la Ley 8471, que establece que tanto docentes como personal no docente deben carecer de antecedentes penales por delitos sexuales para desempeñarse en instituciones educativas.

El gremio adelantó que intervendrá en aquellos casos particulares en los que un docente afectado requiera el apoyo del sindicato, actuando legalmente para defender los derechos de los trabajadores, pero siempre respetando el debido proceso y el tiempo que la justicia determine para esclarecer los hechos.