Es oficial: Sturzenegger estará al frente del nuevo Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado

La cruzada del presidente ultraderechista Javier Milei contra el gasto público suma desde este viernes un nuevo ministerio. Milei ha denominado este nuevo organismo con el rimbombante título de "Desregulación y Transformación del Estado" argentino y ha puesto al frente a Federico Sturzenegger, ex presidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019).

Sturzenegger, de 58 años, es conocido por su postura firme y su crítica a las políticas moderadas del pasado. Abandonó el Banco Central en 2018 debido a desacuerdos con el Ministerio de Economía de Macri. Durante la campaña presidencial de 2019, colaboró con Patricia Bullrich, proponiendo la eliminación de regulaciones en sectores como los alquileres y la medicina privada. Aunque Bullrich no ganó las elecciones, Sturzenegger continuó promoviendo sus ideas desreguladoras, las cuales fueron incorporadas en la Ley Bases aprobada por el Congreso la semana pasada.

Milei considera a Sturzenegger un "coloso" de la economía y su nombramiento era solo cuestión de tiempo. El principal obstáculo para su llegada al Gabinete fue su mala relación con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien lo sucedió en el Banco Central en 2018.

La creación de este nuevo ministerio marca el inicio de la "segunda fase" en la lucha de Milei contra la inflación y el déficit. Tras reducir el déficit fiscal y controlar la inflación en torno al 5% mensual, el próximo desafío es levantar las restricciones cambiarias. Caputo ha anunciado que la eliminación del "cepo cambiario" se dejará para una "tercera fase" y que negociará con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener 15.000 millones de dólares necesarios para estabilizar el mercado de cambios.

Sturzenegger jugará un papel clave en esta segunda fase de desguace del Estado. Su primera medida será presentar al Congreso la "Ley de Hojarascas", que eliminará o modificará numerosas regulaciones. Además, podrá despedir empleados públicos, reducir la burocracia y retirar al Estado de actividades productivas que considera deben ser gestionadas por el sector privado, como la obra pública.