Milei firmó el primer decreto que reglamenta la Ley Bases: en qué consiste

El presidente Javier Milei firmó el primer decreto que reglamenta la Ley Bases, sancionada en junio pasado por el Congreso. El decreto, correspondiente al segundo capítulo de la ley, establece las herramientas necesarias para que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, pueda llevar a cabo la reforma del Estado. Se espera que el decreto sea publicado el lunes en el Boletín Oficial.

Según fuentes de TN, la mesa técnica del Ejecutivo avanza en la reglamentación de la reorganización administrativa del Estado, así como en las modificaciones de la Ley de Empleo Público y en el marco legal que permite la privatización de empresas públicas.

El artículo 3 del decreto otorga a Milei facultades para modificar o eliminar organismos de la administración central o descentralizada, creados por decreto o por ley. Además, permite al presidente derogar competencias, funciones y estructuras jurídicas, excluyendo al Poder Judicial, al Legislativo y a diversas dependencias como el CONICET, ANLIS, ANMAT, entre otros.

Sturzenegger requiere la reglamentación del capítulo II de la Ley Bases para proceder con la eliminación de 60 organismos, los cuales se anunciarán en uno o dos decretos. Para ello, trabaja junto al vicejefe de gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal.

Entre los organismos que el Ejecutivo planea eliminar se encuentran el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE).

El decreto que se publicará el lunes también permite la modificación de la estructura jurídica de las empresas públicas y su transferencia completa a las provincias que deseen financiarlas. El Gobierno podrá transformar, unificar, disolver y liquidar fondos fiduciarios públicos, y eliminar asignaciones tributarias específicas, derivando la recaudación al Tesoro.

Asimismo, el decreto establece el marco jurídico para privatizar empresas públicas como Energía Argentina, Intercargo, Agua y Saneamientos Argentinos, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales. También permite que Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) adopten un esquema mixto de participación.

El proceso de privatización contará con la intervención de la comisión bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, y la Auditoría General de la Nación (AGN) presentará un examen legal y financiero de cada empresa en un plazo de 120 días hábiles. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) elaborará un informe sobre el patrimonio y la operatividad de las empresas.

Finalmente, la reglamentación incluye modificaciones a la Ley de Empleo Público, estableciendo normas para los empleados de organismos sujetos a eliminación o modificación. Los empleados permanecerán un año con goce de sueldo a la espera de ser reubicados y recibirán capacitación para otras tareas o realizarán servicios tercerizados del Estado. Además, se permitirá que los empleados sean cedidos de la Nación a provincias y municipios, y se fijará una indemnización de un mes de sueldo por cada año de servicio.