Sobresemiento de Matías Huergo: escándalo por el blanqueo de capitales

El reciente sobreseimiento del empresario Matías Huergo, junto a otros ocho imputados en el escándalo de facturas apócrifas, desató una serie de reacciones en el ámbito judicial y político. Esta decisión, emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Salta, se basa en la nueva ley nacional 27.743 de blanqueo de capitales. El fiscal federal Carlos Amad se pronunció enérgicamente sobre el tema, expresando su intención de apelar la resolución.

El sobreseimiento de Huergo se fundamenta en su acogida a la ley de blanqueo, una norma que permite regularizar deudas fiscales, aunque la inclusión de delitos graves como la asociación ilícita tributaria generó controversia. Amad explicó que su apelación se basa en el argumento de que esta figura delictiva no debería estar contemplada en el régimen de blanqueo, ya que no se trata de un "delito común".

Amad, en una entrevista con Radio Salta, comentó: "La ley lo que hace es un régimen de regularización de obligaciones tributarias, pero nunca incluyó la asociación ilícita fiscal. El problema es que esta inclusión se hizo en el decreto reglamentario, que considero inconstitucional".

El sobreseimiento, aunque no firme, deja a Huergo y a los otros imputados en una situación indefinida hasta que un tribunal superior decida sobre la apelación. Amad apuntó que el juicio estaba próximo a fijarse cuando se dictó esta resolución, lo que plantea interrogantes sobre el futuro del caso.

El fiscal aclaró que no impugna la ley de blanqueo en sí, sino el decreto reglamentario que amplió su alcance: "La ley habla de un régimen de regularización de evasiones simples, pero en el decreto se incluyó la asociación ilícita tributaria, lo cual excede lo que establece la ley".

A pesar del sobreseimiento, Amad enfatizó que Huergo y los demás no están libres de culpa, dado que su situación depende de la decisión de un tribunal superior. "No quedan libres de ninguna culpa, tienen un sobreseimiento que no está firme", indicó.

La apelación de Amad podría tener repercusiones a nivel nacional, ya que cuestiona un mecanismo que el Gobierno está utilizando en su estrategia económica. Sin embargo, el fiscal subrayó que el verdadero problema radica en la inclusión de delitos complejos en un régimen destinado a regularizar situaciones tributarias más simples.

Amad también criticó la lentitud del sistema judicial, que podría permitir que delitos graves queden impunes debido al paso del tiempo: "La Corte resolverá esta cuestión en cinco años, lo cual es una vergüenza. Esto podría llevar a que delitos graves queden sin castigo por inacción judicial".

El caso Huergo no es el único que genera preocupación. Existen otras causas en la justicia provincial que involucran acusaciones de coimas y negociaciones incompatibles con la función pública, las cuales todavía no avanzaron; "El Poder Judicial de la Provincia debe rendir cuentas a los ciudadanos sobre su actuación en estos casos", concluyó Amad.