Denuncias falsas para justificar torturas: el lado más oscuro de Marcos Levín

El empresario Marcos Jacobo Levín, ex dueño de la empresa de transporte La Veloz del Norte y primer empresario en ser condenado en el país por delitos de lesa humanidad, falleció esta mañana en la ciudad de Buenos Aires a los 90 años. Su historia, marcada por el abuso del aparato represivo estatal durante la última dictadura cívico-militar, sigue siendo un recordatorio de las atrocidades cometidas en connivencia entre sectores privados y el terrorismo de Estado.

Levín fue condenado en dos oportunidades por su participación en crímenes de lesa humanidad. La primera sentencia llegó en 2016, cuando recibió 12 años de prisión por el secuestro y las torturas infligidas a Víctor Manuel Cobos, delegado gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y chofer de La Veloz del Norte. En aquel juicio, se demostró que Levín orquestó la detención ilegal de Cobos, quien junto a otros trabajadores fue víctima de torturas en un centro clandestino que operaba en la Comisaría Cuarta de Salta.

La segunda condena, emitida en noviembre de 2023 por el Tribunal Oral Federal N.º 1 de Salta, amplió la responsabilidad del empresario al incluir los secuestros y torturas de otros 17 trabajadores de la empresa, por lo que recibió una pena de 18 años de prisión. En ambos casos, las denuncias falsas realizadas por Levín contra sus empleados fueron la excusa utilizada para que las fuerzas represivas actuaran con brutalidad y sistematicidad, eliminando cualquier posibilidad de reclamos laborales legítimos.

El poder de Levín en el marco del terrorismo de Estado

Durante la dictadura, Levín no solo se benefició del sistema represivo, sino que activamente lo utilizó para garantizar los intereses de su empresa. En enero de 1977, denunció falsamente a un grupo de trabajadores por un supuesto fraude, desatando una serie de operativos policiales en Salta y Tucumán que culminaron en la detención de 23 empleados. Las víctimas fueron llevadas a la Comisaría Cuarta de Salta, donde sufrieron torturas y fueron obligadas a firmar confesiones falsas, tras lo cual muchas de ellas perdieron sus empleos.

La participación de Levín en estos crímenes fue reconocida por la justicia federal, que destacó que él no solo denunció, sino que también dirigió activamente las acciones represivas, seleccionando a las víctimas y presionando para que fueran perseguidas incluso después de recuperar su libertad.

Un símbolo del abuso empresarial

Marcos Levín se convirtió en un ejemplo de cómo ciertos empresarios utilizaron el aparato represivo del Estado para silenciar reclamos y consolidar su poder. Bajo su liderazgo, la Federación Empresaria de Transportes de Salta (FESTAP), de la que era presidente, solicitó al entonces jefe de la Policía de Salta, el represor Miguel Raúl Gentil, que aplicara leyes de represión sindical contra la UTA.

Estas acciones dejan al descubierto la oscura relación entre sectores empresariales y el terrorismo de Estado, un vínculo que permitió la vulneración sistemática de derechos humanos en beneficio de intereses económicos.