Legisladores, funcionarios y magistrados sin fueros en procesos judiciales

El Senado de Salta dio media sanción a un proyecto de ley que elimina la inmunidad de proceso para legisladores, funcionarios y magistrados implicados en investigaciones penales. Esta reforma busca garantizar que quienes ocupen cargos públicos sean sometidos a la justicia en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano.

El proyecto modifica los artículos 15° y 18° del Código Procesal Penal (Ley 7690) y el artículo 26° de la Ley 7138, que regula el enjuiciamiento de magistrados y funcionarios. Estas reformas permitirán a fiscales y jueces avanzar con investigaciones y procedimientos sin requerir la autorización previa de desafueros o remociones, salvo en casos que impliquen la restricción de libertad.

Detalles de la reforma

La iniciativa, impulsada por el senador Esteban D'Andrea, pretende eliminar interpretaciones ambiguas de las leyes actuales. "La ley debe ser clara y uniforme. Todos los funcionarios y legisladores serán procesados como cualquier ciudadano, desde el inicio hasta la conclusión del proceso", destacó el legislador.

Con las modificaciones, fiscales y jueces podrán realizar actos procesales sin limitaciones derivadas de privilegios constitucionales, asegurando el avance de las investigaciones. En caso de delitos flagrantes, el procedimiento contempla informar al Jurado de Enjuiciamiento, respetando los principios constitucionales.

Cambios concretos

En el artículo 15° del Código Procesal Penal, se amplió el alcance de las medidas urgentes que pueden tomar fiscales en investigaciones que involucren a legisladores o magistrados. Ahora, podrán ejecutar todas las acciones procesales, salvo las que restrinjan la libertad del acusado.

Por su parte, el artículo 18° redefine el procedimiento para citar a un funcionario como imputado. Si el implicado no se presenta tras reiterados llamados, el juez podrá solicitar su desafuero o remoción para garantizar el avance del proceso judicial.

Finalmente, el artículo 26° de la Ley 7138 se alinea con estas reformas, estableciendo que las investigaciones podrán proseguir sin obstáculos legales, excepto en casos donde se requiera la restricción de la libertad.

Impacto en la justicia salteña

Esta modificación responde a reclamos históricos de mayor transparencia y equidad en el tratamiento judicial de quienes ejercen cargos públicos. Al eliminar trabas legales, el sistema judicial se fortalece en su capacidad de investigar y sancionar delitos, consolidando el principio de igualdad ante la ley.

De obtener sanción definitiva, esta reforma marcará un hito en la justicia salteña, enviando un mensaje claro a la sociedad sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos frente a la ley.