En esto hay unión: Las tres claves de la reforma laboral que propone Juntos por el Cambio

Últimamente crecen las fuentes de trabajo pero la informalidad y la licuación salarial son preocupaciones urgentes de difícil resolución para los gremios, a pesar de que muchos de ellos si quieres hacer modificaciones en sus convenios colectivos que no impliquen pérdida de derechos, pero sí una modernización en las tareas que les garantice estabilidad y un ingreso fijo que se ajuste periódicamente mediante las paritarias.

La reforma laboral que impulsa Juntos por el Cambio

Sus planes para el mundo del trabajo, los duros y los moderados comparten miradas y sus equipos hasta actúan codo a codo, con la Fundación Pensar como usina de ideas. Tienen como hoja de ruta el proyecto de reforma laboral que Cambiemos intentó aprobar en 2017, cuyos tres puntos principales son los siguientes:

-Indemnizaciones: la iniciativa pretende modificar el cálculo del resarcimiento o avanzar hacia un fondo de cese laboral voluntario al estilo del de la Uocra. El fondo de desempleo en la construcción funciona así: el empleador deposita el 12% del salario mensualmente en el fondo durante el primer año de la relación laboral y el 8% a partir del segundo año. El dinero se deposita en una cuenta bancaria, genera intereses para el trabajador y son inembargables. El fondo sirve como alternativa a las indemnizaciones y debería ser constituido mediante convenio colectivo, con el aval de las cámaras empresariales y el principal gremio de la actividad. El monto del aporte mensual corre únicamente por cuenta del empleador sobre un porcentaje del salario. La propuesta de JXC apunta a actividades con alta rotación, como por ejemplo el sector gastronómico. Gustavo Ciampa, abogado laboralista vinculado al oficialismo, sostiene que el fondo de cese "es inconstitucional" y defiende el sistema de indemnización actual con el argumento de que los índices de desocupación están a la baja.

-Blanqueo laboral y multas: establece un período de un año para la regularización con los seis primeros meses a costo cero para el empleador y los restantes, con un descuento del 70 por ciento. Promueve, además, la extinción de la acción penal y la exención de cualquier multa administrativa por la contratación informal de trabajadores. La intención es disminuir las multas para no fomentar la industria del juicio. Hay un proyecto de ley sin tratar para cambiar la fórmula de cálculo de las multas por trabajo no registrado utilizando de base un porcentaje del salario mínimo, vital y móvil para que haya previsibilidad y los montos no queden a discreción de un juez.

-Período de prueba: pretenden extender el período de prueba a seis meses y crear un régimen simplificado para los siguientes 12 meses con el desafío de facilitar el ingreso al mercado laboral estable.

En paralelo a estos tres ejes centrales, la oposición construye una reforma más amplia que requerirá eventualmente de una confrontación más dura con los movimientos sociales y los sindicatos. Con los primeros, porque se prevé desplazarlos como intermediarios de la ayuda y porque se exigirán requisitos, como educación y formación, para acceder al beneficio. Con los gremios, hay dos ítems que podrían tensionar la disputa. Uno es la elevación del porcentaje de empleados para que haya delegados gremiales en las empresas, un cambio que significaría volver a la normativa que regía en 1979, durante la dictadura militar y cuyo objetivo es limitar la representación sindical en los lugares de trabajo.

"Es para sacarles el pie de encima a las pymes", argumenta un dirigente opositor que trabaja en el borrador. El otro asunto tiene que ver con poner fin a los bloqueos como una forma de extorsión y la promesa de apelar a las fuerzas de seguridad "para hacer cumplir la ley con las consecuencias penales y contravencionales, para terminar con la violencia y amenazas en fábricas". Son por ahora propuestas de una campaña electoral, que con el cierre de las candidaturas, ya tuvo su campanazo de largada. /La Nación