Gobernadores molestos con Nación: les enviaron 73% menos de fondos

La drástica disminución en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por parte del Gobierno Nacional ha encendido las alarmas en varias provincias, que ven peligrar su capacidad para enfrentar emergencias y desequilibrios financieros. En lo que va del año, el Ejecutivo transfirió solo $48.300 millones, un 73% menos que los $179.530 millones otorgados en 2023, según el informe presentado por el jefe de gabinete, Guillermo Francos, ante el Congreso.

El ajuste de $131.230 millones, en un contexto de inflación interanual del 193%, afecta la negociación del Presupuesto 2025, intensificando las tensiones entre la Casa Rosada y los gobernadores. Mientras el presupuesto de ATN asciende a $224.091 millones, la ejecución de los fondos ha sido discrecional, beneficiando mayormente a mandatarios aliados.

Fondos distribuidos y provincias beneficiadas

Entre los gobernadores que más recursos recibieron se encuentran Hugo Passalacqua (Misiones), con $13.000 millones por emergencias hídricas y alimentarias, y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), con $6.800 millones por urgencias climáticas y financieras. Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta) también obtuvieron $6.800 millones y $4.500 millones, respectivamente, por crisis hídricas y sanitarias.

En contraste, provincias clave como Santa Fe, gobernada por Maximiliano Pullaro, y Misiones, bajo la administración de Gustavo Valdés, recibieron montos significativamente menores, lo que ha generado malestar entre las jurisdicciones opositoras.

Una negociación trabada

La falta de consenso en el uso de los fondos no ejecutados para este año, así como las condiciones de distribución para 2025, ha frenado el tratamiento del proyecto presupuestario y avivado el debate sobre los límites a los decretos de necesidad y urgencia (DNU).

Los ATN, contemplados en el artículo 5 de la Ley de Coparticipación Federal de Recursos Federales, están destinados a emergencias y desequilibrios financieros. Sin embargo, las reglas estipulan que las provincias que otorguen aumentos salariales superiores al 10% de los de Nación quedan excluidas de los beneficios, un punto que ha generado nuevas fricciones.