Histórico: el Estado le dejará de pagar el aporte económico a la Iglesia Católica

En un hito significativo, la Iglesia Católica en Argentina dejó de recibir el aporte económico proveniente del Estado. A partir del primer día de este 2024, los arzobispos, obispos y demás prelados ya no recibirán la asignación mensual que durante años había sido una práctica establecida.

Esta decisión marcada por la Conferencia Episcopal Argentina, que se había gestado a lo largo de cinco años, finalmente se concretó. Se espera que en los próximos meses se extienda la prescindencia de otras contribuciones, como la asignación a los seminaristas diocesanos y la sustitución de la ayuda a los párrocos de frontera por un respaldo destinado a obras solidarias.

Aunque el monto total de este aporte estatal era relativamente pequeño, generaba controversia debido a su origen de un Estado que se proclama no confesional. Esta medida, enraizada en una ley de la última dictadura, representaba alrededor del 7 % del presupuesto de la Iglesia Católica.

La asignación mensual se había establecido mediante la Ley 21.950 de 1979, basada en el equivalente al 80% de la remuneración de un juez nacional de primera instancia para los arzobispos y obispos. A lo largo del tiempo, esta cantidad no había sido ajustada, al igual que otras disposiciones legales de apoyo a párrocos de frontera y seminaristas diocesanos.