Hermetismo en la investigación sobre la divulgación de noticias falsas que involucran a Estrada

El caso por la circulación de videos anónimos con información falsa y tendenciosa que vinculan al gobierno provincial y a funcionarios con el narcotráfico ha generado inquietud en la política salteña. La falta de datos oficiales sobre la causa y las imputaciones incrementa las sospechas y el impacto en la opinión pública.

La investigación, liderada por la fiscal Sofía Cornejo, titular de la Fiscalía de Ciberdelitos, comenzó tras una "noticia criminis" basada en la aparición de videos difundidos en redes sociales, particularmente en TikTok. Dichos contenidos sugerían presuntas conexiones del gobierno con actividades ilegales, incluyendo el uso de ambulancias privadas en operativos de narcotráfico y hechos relacionados con el municipio intervenido de Aguas Blancas.

La investigación y el rol de las redes sociales

De los numerosos videos analizados, solo cinco fueron catalogados como posibles violaciones al artículo 211 del Código Penal, que penaliza la intimidación pública. Según el Ministerio Público, estas publicaciones podrían generar temor en la población y afectar la estabilidad del Estado.

A través de la División de Ciberpatrullaje de la Policía Federal, y con autorización judicial, se identificaron a tres personas implicadas en la causa. No obstante, los detalles sobre las imputaciones han sido escasos en los comunicados oficiales, en contraste con la información divulgada por algunos medios, que apuntan directamente al diputado nacional Emiliano Estrada como el presunto artífice detrás de estas acciones.

Entre las cuentas señaladas se encuentran La Casta Salteña, La Casta de Sáenz e InformanteSalta, que replicaban la estética de un medio local conocido. Según la reconstrucción de los hechos, dos de los imputados habrían producido el material difamatorio por encargo del legislador.

La justicia en etapa inicial

La causa se encuentra en la fase de Investigación Penal Preparatoria. La Fiscalía espera el resultado de pericias realizadas a dispositivos electrónicos que podrían aportar nuevas pruebas y derivar en más imputaciones.

El caso pone en evidencia la creciente preocupación por el impacto de las redes sociales en la opinión pública y en el orden democrático, mientras el hermetismo en torno a la investigación sigue alimentando