Fraude en pensiones por discapacidad: "La condena es 3 a 26 años de prisión"

Carlos Amad, fiscal federal, expuso un alarmante caso de fraude en pensiones por discapacidad en el programa "Somos la Mañana". Según Amad, la investigación comenzó tras una denuncia presentada en Taco Pozo, Chaco, que reveló la emisión de 800 pensiones fraudulentas basadas en certificados médicos falsificados por profesionales del sistema de salud pública.

"Empecé la investigación tras recibir la denuncia en Taco Pozo. Se descubrió que se habían emitido 800 pensiones fraudulentas usando certificados médicos falsos", informó Amad. "La policía, a través de una serie de allanamientos, halló cuadernos con anotaciones de pagos realizados por estos certificados".

La investigación, iniciada en febrero del año pasado, reveló que los certificados falsos se vendían a precios que oscilaron entre $15.000 y $30.000. Amad identificó a 13 personas implicadas en este esquema, incluyendo al intendente de Taco Pozo, su hija, quien dirige las oficinas de ANSES, y varios médicos, bioquímicos, secretarias del hospital y empleados municipales.

En Salta, se estima que hay alrededor de 58.200 pensiones que podrían estar en la misma situación, aunque no se ha confirmado si todas son fraudulentas. "Hemos tomado testimonios de personas que figuran en el listado de beneficiarios y muchas desconocían el origen de los pagos que recibían. Algunos dijeron que solicitaron un bolson de comida y terminaron obteniendo una pensión", explicó Amad.

El fiscal también destacó la magnitud del fraude: "Lo más preocupante es la cifra millonaria que se ha defraudado al Estado con estos certificados falsos. Los documentos fueron emitidos por médicos implicados en el caso".

Actualmente, el equipo de trabajo está llevando a cabo una auditoría exhaustiva de todas las pensiones en Salta y Jujuy. "En Taco Pozo se confirmaron 740 pensiones fraudulentas. Si se multiplica esta cifra por el monto actual de $120.000 por pensión, estamos hablando de aproximadamente 90 millones de pesos mensuales en defraudación", agregó.

El médico traumatólogo involucrado en el caso es de J.V. González y, aunque parece ser extranjero, ha residido en Argentina por muchos años. La pena para los implicados en este escándalo de corrupción podría variar entre 3 y 26 años de prisión.