Gobernadores norteños anunciaron a Flavia Royón como Secretaria Ejecutiva

En un importante avance para la industria minera del noroeste argentino, Flavia Royón, exsecretaria de Energía durante las gestiones de Alberto Fernández y Javier Milei, fue designada como Secretaria Ejecutiva de la Mesa del Litio, el bloque interprovincial conformado por Salta, Jujuy y Catamarca. 

La decisión fue anunciada tras una reunión entre los gobernadores de estas provincias en la Casa de Salta, donde discutieron temas clave relacionados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, utilizó sus redes sociales para dar detalles del encuentro, destacando la adhesión de Jujuy al RIGI y el proceso en curso para que Salta y Catamarca también se sumen. Sáenz subrayó el impacto potencial que este régimen podría tener en la región, estimando que las inversiones en proyectos de litio y cobre podrían alcanzar los 19 mil millones de dólares, con la creación de aproximadamente 15 mil nuevos empleos durante la fase de construcción.

"Es una prioridad para nosotros la contratación de mano de obra local, el desarrollo de proveedores locales y la mejora de infraestructura, elementos indispensables para la licencia social de la minería", aseguró Sáenz. Asimismo, los gobernadores acordaron trabajar en una estrategia común para establecer un esquema unificado de aportes y regalías mineras en las tres provincias, asegurando que los beneficios de la minería sean compartidos equitativamente.

La designación de Royón como Secretaria Ejecutiva es vista como un paso crucial para la consolidación de la Mesa del Litio. Su experiencia en el ámbito energético, tanto en la gestión de Sergio Massa como en el breve período bajo la administración de Javier Milei, es considerada un activo valioso para coordinar y potenciar el desarrollo de la minería en Salta, Jujuy y Catamarca.

Esta decisión marca el compromiso de los gobiernos provinciales por fortalecer la industria minera, promover el desarrollo económico local y garantizar un marco regulatorio que favorezca tanto a los inversores como a las comunidades que dependen de estos recursos.