Más denuncias que una comisaría: exintendente salteña se hizo "la sota" para declarar 

La fiscal penal Daniela Murúa, interina en la Fiscalía Penal 3 y de Delitos Económicos Complejos de Orán, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Angelina Lucía Canchi como autora de los delitos de usurpación por continuación arbitraria en el ejercicio del cargo, fraude en perjuicio de la administración pública, administración fraudulenta, por supresión de documentos y peculado reiterado (4 hechos). Fue denunciada por el actual intendente al asumir el cargo.

La audiencia es presidida por el juez Aldo Primucci y durante la primera jornada, luego de la lectura del requerimiento a juicio fiscal, la acusada se abstuvo de declarar. Este miércoles, al reanudarse la audiencia, se dará lugar a la ronda de testimoniales.

Los hechos endilgados ocurrieron cuando Canchi se desempeñaba como intendenta en la Municipalidad de Isla de Cañas, departamento Iruya y fueron denunciados por el actual jefe comunal, Jorge Canchi al asumir en sus funciones.

En el requerimiento, la fiscal penal Mónica Viazzi detalla las numerosas medidas probatorias producidas durante la investigación, entre las que se cuenta las testimoniales recogidas, informes contables y de instituciones bancarias, de la Auditoria General de la Provincia y de las pericias realizadas por personal especializado del CIF.

La representante del Ministerio Público Fiscal sostiene en la fundamentación de la acusación que Angelina Lucía Canchi incurrió en el delito de usurpación por continuación arbitraria en el ejercicio del cargo toda vez que libró tres cheques, que firmó y selló, con fecha 26 de diciembre de 2019, cuando había cesado por ministerio de la ley en su mandato, continuando de tal modo de forma abusiva y arbitraria en funciones.

Sobre el fraude en perjuicio de la administración pública, por administración fraudulenta y por supresión de documentos expone que la ex intendenta ocultó, mutiló o hizo desaparecer toda la documentación o registración que había en el municipio, impidiendo de esa manera cualquier tipo de control, que la nueva gestión pudiera conocer el estado financiero y contable. Afirma que la ocultación, falta y/o supresión de documentación son maniobras desplegadas (ardid) para cometer el fraude, ya que de esa manera se disponían los fondos públicos de manera discrecional con evidente perjuicio a erario municipal con lucro indebido a propios y ajenos.

De la pericia realizada, se pudo determinar que antes de cesar su gestión, Canchi libró 42 cheques entre el 7 de octubre y el 27 de diciembre de 2019, vaciando una cuenta del municipio.

Detalla que son cuatro hechos de peculado los que se le imputan a la ex intendenta. El primero de ellos se refiere a bienes pertenecientes a una fábrica de dulces que funcionaba como cooperativa y que la acusada recibió al asumir su gestión. Dicha fábrica no fue puesta en funcionamiento y los bienes fueron sustraídos mientras se encontraban bajo su custodia.

El segundo hecho corresponde al pago mediante un cheque del municipio a un trabajador particular para realizar reparaciones en su domicilio particular.

El tercer hecho se refiere al pago efectuado días previos al cese de sus funciones como intendente de un préstamo personal bancario con dinero del municipio.

El cuarto hecho imputado refiere al desvío de fondos municipales destinados al pago de una obra eléctrica en noviembre de 2019 y que no se encuentra respaldado documentalmente respecto a la suma percibida y cuál fue el destino.