Grave denuncia del Procurador General contra el juez Oyarzú por mal desempeño

El Procurador General de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, amplió la denuncia presentada el 17 de octubre contra el juez de Garantías N° 1 de Orán, Francisco Oyarzú, ante el Jurado de Enjuiciamiento.

 La ampliación de la denuncia incluye nuevos hechos que fundamentan el pedido de destitución del magistrado, a partir de su "reiterada conducta" de conceder la libertad anticipada a imputados de delitos graves, utilizando una interpretación "irrazonable" de las normas procesales.

García Castiella señaló que Oyarzú sistemáticamente rechazó los pedidos de prisión preventiva presentados por las Fiscalías Penales, argumentando que sus decisiones se basan en una "peculiar" interpretación de los plazos procesales. En particular, el procurador resaltó que Oyarzú no aplica correctamente la prórroga especial de dos horas establecida en el Código Procesal Penal, la cual otorga un margen adicional para presentar escritos hasta el día hábil siguiente. En su lugar, el juez exige que la fiscalía presente los pedidos hasta las 13 horas del día en que se vence el plazo, lo que ha sido objeto de críticas por parte del Tribunal de Impugnación.

Según la ampliación presentada, el procurador identificó al menos once casos en los que Oyarzú concedió la libertad anticipada a imputados, a pesar de que los tribunales superiores le habían indicado que su interpretación era arbitraria y contraria a la ley. Entre los casos más graves que se mencionan en la denuncia, figuran delitos como homicidios agravados, abusos sexuales, robos calificados, tráfico de estupefacientes y delitos en contextos de violencia de género. En cada uno de estos casos, la liberación de los imputados fue vista como una medida riesgosa, dado el potencial peligro para las víctimas, testigos y la posibilidad de fuga.

El Procurador General también destacó que el Tribunal de Impugnación tuvo que revisar en varias ocasiones las resoluciones de Oyarzú, y en cada una de ellas le indicaron cómo debía computar los plazos procesales, sin embargo, el juez continuó con su postura, sin acatar las instrucciones del tribunal superior. Esta actitud, según García Castiella, causó "incalculables perjuicios" al correcto desarrollo de las investigaciones y retrasó el avance de los casos, afectando la seguridad jurídica y la economía procesal.

Recientemente, la Sala III del Tribunal de Impugnación anuló una resolución de Oyarzú y ordenó su apartamiento del caso por la "manifiesta desatención" de las decisiones del Tribunal. Además, se solicitó que se inicie un proceso disciplinario contra el juez, enviando las actuaciones a la Superintendencia de la Corte de Justicia de Salta.

García Castiella concluyó que la actitud de Oyarzú entorpeció el correcto desenvolvimiento de los procesos judiciales, y que su persistencia en aplicar una interpretación jurídica equivocada puso en riesgo la seguridad de la sociedad, al permitir la liberación de acusados sin una justificación adecuada.