El Polo Obrero en la mira por las retenciones de planes: a un paso de una megacausa
La Justicia comienza a juntar los expedientes que vinculan a organizaciones sociales y el uso de los planes sociales para "extorsionar". Les retenían hasta un 2% para logística.
La causa judicial que investiga la "posible conducta extorsiva y amenazas" de dirigentes del Polo Obrero (PO) sobre los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo podría transformarse en una "megacausa" contra las organizaciones piqueteras. Se trata de personas que realizan tareas en Unidades de Gestión (UG), como cooperativas que dependen de ese movimiento popular, y a los que les descuentan el 2% de los haberes que reciben por parte del ministerio de Desarrollo Social.
A partir del martes 5 de julio, el expediente pasó de la fiscalía federal de Federico Delgado a la de Eduardo Taiano por "conexidad". Sucede que, desde el año pasado, la Fiscalía Federal N°5 tiene abierto un expediente, en el que se investigaba al Polo Obrero y a la Organización Clasista Revolucionaria (OCR) por los mismos presuntos delitos.
En agosto de 2011, el fiscal federal Guillermo Marijuan denunció penalmente a dos organizaciones piqueteras que habían participado de la masiva movilización del miércoles 17 de agosto, en la Ciudad de Buenos Aires. Las acusó de "extorsión", luego de observar informes periodísticos en los que algunos asistentes aseguraron haber recibido presiones para concurrir a las protestas. La denuncia de Marijuan fue sorteada y recayó en la Fiscalía Federal N°5, que trabaja con la jueza María Eugenia Capuchetti.
"Entre varios testimonios recogidos por los periodistas que se encontraban en el lugar, cabe señalar ciertos dichos de manifestantes a los que se logró entrevistar. Así, estas personas relataron que percibían $12.000 mensuales y que, si faltaban a las marchas o no se quedaban hasta el final de las mismas, se los quitaban, dando de baja las tarjetas a través de las cuales los percibían", denunció Marijuan.
La Mesa Nacional del Polo Obrero fue uno de los sectores comprometidos, después de que el abogado Juan Pablo Chiesa y el propio fiscal Marijuan denunciaran a Eduardo Belliboni (el principal referente del PO) y a Gabriel Solano, legislador porteño por el Partido Obrero. Ambos reconocieron que los casi 60.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo que cumplen tareas en sus cooperativas o Unidades de Gestión aportan el 2% de los haberes que reciben por parte del Estado para cuestiones de "logística", es decir, para financiar las marchas y para solventar comedores y merenderos. Esto es más de $270 millones al año.
En ese escrito, Marijuan afirma que los dirigentes sociales "obligaban a las personas que reciben el subsidio ?Potenciar Trabajo' a hacer un aporte mensual" y recuerda que Solano expresó públicamente: "En el Polo Obrero hay un aporte del 2% de los ingresos de cada persona que cobra un plan. Ese 2% sirve para financiar lo que el Estado no financia. Por ejemplo, el alquiler de los comedores y merenderos, y el gasto logístico y de transporte de la mercadería. El Potenciar Trabajo son $19.000, estamos hablando de $380?.
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