Según un informe, el 10% de la población salteña padece una discapacidad

La secretaria de Discapacidad y Políticas Inclusivas de Salta, Fabiana Ávila, alertó sobre la preocupante situación que atraviesa la población con discapacidad en la provincia, donde el 10% de los habitantes padece algún tipo de discapacidad. Además, cuestionó enérgicamente el proyecto de decreto impulsado por el diputado nacional Javier Milei que busca desregular las prestaciones para este sector.

La desregulación, un peligro para los derechos

En declaraciones a la prensa, Ávila manifestó su rechazo al proyecto de decreto impulsado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo del abogado de Milei. La funcionaria señaló que esta iniciativa busca desplazar la responsabilidad regulatoria del Estado al sector privado, lo que podría generar graves consecuencias para las personas con discapacidad.

"El proyecto en sí tiene que ver con la desregulación de las prestaciones básicas y si eso pasara sería muy grave", afirmó Ávila. "La persona que no tiene obra social de ningún tipo es responsabilidad del Estado provincial responder a eso", agregó.

El rol del Estado en la garantía de derechos

Ávila destacó el papel crucial del Estado en la protección de los derechos de las personas con discapacidad. En este sentido, explicó que la Secretaría de Discapacidad y Políticas Inclusivas, dependiente del Ministerio de Salud Pública, es la responsable de emitir el certificado único de discapacidad, categorizar instituciones y garantizar que estas puedan facturar con las obras sociales.

Un dato alarmante

La secretaria reveló un dato preocupante: según el último censo nacional realizado en 2018, el 10% de la población de la provincia de Salta tiene alguna discapacidad. A pesar de esta cifra, Ávila señaló que el certificado de discapacidad no es obligatorio y que, hasta el momento, se han emitido cerca de 60.000 certificados.

Llamado a la defensa de los derechos

Ante este panorama, Ávila hizo un llamado a la comunidad a estar alerta y defender los derechos de las personas con discapacidad. "Este proyecto, porque no es un hecho, atenta fundamentalmente contra el derecho de que todos reciban exactamente lo mismo. Hay que estar permanentemente alerta", enfatizó.