Las obras sociales le deben más de $100 mil millones a la Provincia

El Gobierno de Salta avanza en la implementación de herramientas para recuperar el dinero que las obras sociales adeudan al sistema de salud pública. Así lo confirmó el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, quien detalló que la deuda acumulada supera los $100 mil millones.

La situación se agrava debido al crecimiento sostenido de pacientes con cobertura social que, por diversas razones, se atienden en los hospitales públicos. 

"Hay personas con obra social que terminan en el sistema estatal porque no reciben respuesta del sector privado o se les cobra un plus que no pueden pagar", explicó Mangione a ElTribuno. Esta sobrecarga impacta sobre los recursos humanos, los insumos y el funcionamiento general de los centros de salud, destinados originalmente a personas sin cobertura.

La semana pasada, la Cámara de Diputados provincial aprobó una ley fundamental para el recupero de los costos sanitarios, que ahora espera la promulgación del Ejecutivo. La normativa establece que, ante el incumplimiento de pago por parte de las obras sociales, y pasados 60 días, se podrá emitir un certificado de deuda para iniciar el cobro judicial correspondiente.

"Vamos a ir por todas las vías legales. Si no logramos cobrar administrativamente, vamos a embargar cuentas. Este es dinero de todos los salteños", remarcó el ministro, quien también anticipó la creación de una oficina específica dedicada al recupero, conformada por abogados, médicos y contadores.

Desde el Ministerio estiman que el perjuicio económico ronda entre $60 mil y $80 mil millones anuales, aunque el pasivo total ya superaría los $100 mil millones, lo que representa casi el 80% del presupuesto del sistema público de salud.

Además, se registró un incremento del 45% al 50% en la atención de afiliados a obras sociales en hospitales públicos. Directivos de los principales hospitales de la provincia confirmaron esta tendencia: en el hospital San Bernardo, el 40% de los pacientes tiene cobertura; en el Arturo Oñativia, el porcentaje es similar, mientras que en el Del Milagro se sitúa en torno al 30%.

Mangione señaló que si bien el problema alcanza a numerosas entidades, el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) está siendo revisado en el marco de su actual intervención, y también se trabaja con el PAMI, cuyas demoras en los pagos afectan el funcionamiento del sistema.

"La salud no puede esperar, y por eso esta ley es un avance importantísimo", marcó el funcionario, quien concluyó que la prioridad es garantizar que los fondos destinados a los sectores más vulnerables no terminen cubriendo las obligaciones que deben asumir las obras sociales.