El Gobierno suspendió más de 8.000 cooperativas por irregularidades

El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, tomó medidas drásticas tras una exhaustiva auditoría realizada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). La investigación reveló numerosas irregularidades en cooperativas y mutuales, lo que resultó en la suspensión de 8.588 cooperativas y 673 mutuales, además de sumarios en curso para otras 7.887 cooperativas y 418 mutuales.

Según el INAES, el número de cooperativas registradas experimentó un aumento del 139% entre 2019 y 2023, pasando de 9.978 a 23.836. Aunque inicialmente se consideró un indicador positivo, este crecimiento estuvo dominado por cooperativas de trabajo (97% del incremento) y se detectaron irregularidades como la falta de balances, repetición de asociados y domicilios, y personas inscritas en múltiples cooperativas.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en marzo de este año la suspensión preventiva de más de 11.000 cooperativas creadas entre 2020 y 2022. La auditoría reveló además que muchas entidades no cumplían con los requisitos básicos, como la presentación de documentación anual obligatoria.

Durante el gobierno de Alberto Fernández, las cooperativas y mutuales recibieron más de 29.9 billones de pesos en subsidios. Entre las principales beneficiarias se encuentran organizaciones vinculadas a movimientos sociales como el Movimiento Evita, MTE, CCC y Barrios de Pie. Estas entidades recibieron recursos a través de programas como Potenciar Trabajo, urbanización de barrios y Alimentar.

Algunas cooperativas también están bajo investigación por casos judiciales que involucran desvíos millonarios, como los conocidos "guardapolvos fantasma" y supuestos esquemas de lavado de dinero.

El actual titular del INAES, Marcelo Collomb, afirmó que el organismo está llevando adelante un plan integral para restaurar la legalidad y transparencia en el sector. Las entidades que no regularicen su situación serán desautorizadas definitivamente.

"El proceso de reordenamiento no solo busca depurar un registro inflado, sino también restablecer la confianza en un sector clave para la economía social del país", señaló Collomb.