Aguas Blancas

Confirmaron la prisión preventiva del exjuez Claudio Parisi y su abogado

La Sala III del Tribunal de Impugnación ratificó la prisión preventiva para los imputados. Los elementos de prueba vinculan a los acusados con el pago de sobornos.

El ex juez Claudio Alejandro Parisi enfrenta acusaciones por recibir sobornos a cambio de otorgar arresto domiciliario a César Martínez, quien está acusado de tentativa de femicidio. Parisi, junto al abogado Roberto Ortega Serrano, el empleado de la Defensoría de Violencia de Género Héctor Alderete y otros involucrados, están siendo investigados por su presunta participación como intermediarios en la obtención de beneficios procesales ilegales.

La Sala III del Tribunal de Impugnación, que se encuentra de feria, y presidida por la jueza María Edith Rodríguez, desestimó los recursos presentados por la defensa de Parisi, Ortega Serrano y Alderete, confirmando la decisión de mantener la prisión preventiva impuesta por el juez Raúl López, titular del Juzgado de Garantías 1 de Orán.

La investigación sostiene que Parisi recibió una suma de dinero para conceder el arresto domiciliario a César Martínez, alias "Oreja", quien había sido detenido por tentativa de femicidio contra su ex pareja. Además, el abogado Ortega Serrano, el empleado Alderete y otros involucrados están siendo señalados como mediadores en el proceso, facilitando el pago a Parisi a cambio del beneficio judicial.

Cabe recordar que, mientras cumplía su arresto domiciliario, Martínez fue asesinado con 12 disparos en la puerta de su casa. Tras el crimen, Parisi se negó a autorizar un allanamiento solicitado por la Fiscalía para esclarecer los hechos, lo que contribuyó a su destitución.

Martínez, quien era hermano del ex intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez, también está vinculado a una causa por obstrucción de la investigación del homicidio de su hermano, en la que se investiga el uso de información obtenida de manera irregular por Parisi y Ortega Serrano.

El Tribunal de Impugnación destacó la existencia de pruebas suficientes, entre ellas evidencia digital obtenida de teléfonos celulares secuestrados, para continuar con la causa. Además, se consideró el riesgo de fuga de los acusados, dada la alta probabilidad de una condena de prisión efectiva.

La solicitud de prisión preventiva fue presentada por la Unidad Fiscal compuesta por los fiscales Mariana Torres, Daniela Murúa, Carlos Salinas y Daniel Espilocín.

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