Certificados truchos de discapacidad: la denuncia que tenía el médico de J.V González

Hace unos días, el vocero presidencial, Manuel Adorni, mostró la radiografía de un perro presentada en 2022 por un médico de Corrientes para obtener una pensión por un trastorno de disco lumbar e hipertensión. Este incidente generó indignación y motivó a la Justicia a investigar más a fondo, revelando un escándalo en la vecina provincia de Chaco.

Las investigaciones descubrieron que el 10% de la población de Taco Pozo, Chaco, estaba registrada como discapacitada mediante certificados fraudulentos. Entre los implicados se encuentra un profesional conocido en el departamento de ANTA, quien trabaja en Joaquín V. González.

El traumatólogo en cuestión, Dr. Rafael Azañero Anaya, ya tenía antecedentes de mala praxis. Una denuncia realizada por Nelson Orellana en 2012 reveló una serie de errores en su tratamiento. Según el informe de la Dra. María Saravia Toledo del Servicio Médico del Ministerio Público, Orellana ingresó al hospital Dr. Oscar H. Costas con una fractura en la rodilla izquierda. Azañero realizó una reducción de fractura con inmovilización con yeso, pero el paciente presentó complicaciones vasculares e infecciosas, lo que llevó a una intervención quirúrgica de emergencia.

Durante la cirugía en mayo de 2012, se diagnosticó a Orellana con Síndrome Compartimental y fue derivado al hospital San Bernardo para una fasciectomía de la pierna izquierda. La Dra. Saravia indicó que no se realizaron los estudios previos necesarios y que no se tomaron en cuenta diversos aspectos técnicos, lo que probablemente causó la complicación, detalló en una publicación Zona Sur Salta.

Maniobras de la corrupción

La Fiscalía reconstruyó cómo funcionaba la maniobra delictiva. Personas eran reclutadas y se les pedía una suma de dinero para acceder a los beneficios de una Pensión No Contributiva. Estas personas debían apoyar con su voto u otras formas la gestión del intendente Carlos Antonio Ibáñez, quien ha estado en el cargo por más de 20 años.

El descubrimiento ha generado un amplio debate sobre el sistema de certificación de discapacidad y la corrupción en las administraciones locales. Se espera que la Justicia continúe con las investigaciones para desmantelar esta red fraudulenta y llevar a los responsables ante la ley.