Una de las imputadas confesó cómo Estrada operaba contra el gobernador y varios políticos

La política salteña se encuentra en el centro de un escándalo de proporciones nacionales tras la revelación de una red organizada de difusión de Fake News en redes sociales. El diputado nacional Emiliano Estrada ha sido señalado como el presunto líder de una operación destinada a desacreditar a políticos y figuras públicas, incluyendo al gobernador Gustavo Sáenz.

El Ministerio Público Fiscal confirmó que tres personas han sido imputadas en esta causa, que está siendo investigada por la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos. Según los avances en el caso, estas operaciones incluían la creación de material ofensivo y difamatorio, páginas web, y cuentas anónimas en redes sociales, con el fin de manipular la opinión pública mediante campañas orquestadas y financiadas.

Confesiones que complican a Estrada

En las últimas horas, el periodista Oscar Correa reveló en su cuenta de Twitter que Florencia Arias Bustamante, una de las imputadas, habría confesadp que recibió órdenes directas del diputado Estrada para gestionar estas campañas. Según su declaración, estas instrucciones llegaban a través de mensajes temporales en Telegram y eran transmitidas a otros colaboradores, como Alonso Allemand y Juan Capisano, quienes también están siendo investigados.

Bustamante reveló que trabajaba como empleada en la Cámara de Diputados, asignada a Estrada, y detalló cómo se le pidió crear cuentas en TikTok como "La Casta de Sáenz", "La Casta Salteña" e "Informante Salta". Estas plataformas habrían sido utilizadas para atacar a dirigentes como Gustavo Sáenz, funcionarios de su entorno, y periodistas.

Lo más alarmante es que Bustamante aseguró que, al hacerse pública la causa, Estrada la contactó para ordenar que eliminara pruebas, dejando sus dispositivos electrónicos en manos de un abogado para evitar que fueran encontrados por la justicia.

Pruebas en manos de la justicia

A pesar de los intentos por ocultar información, la colaboradora entregó su teléfono a las autoridades, y los peritos ya trabajan en recuperar mensajes y archivos vinculados a Estrada. De manera similar, los dispositivos de Allemand y Capisano han sido abiertos para análisis, lo que podría aportar nuevas pruebas en los próximos días.

Impacto político y legal

El delito de intimidación pública, bajo el cual se encuadran estos hechos, contempla penas de tres a seis años de prisión. Si las pruebas logran confirmar la participación de Estrada, este caso podría marcar un antes y un después en el uso de las redes sociales para la política local y nacional.

La investigación sigue avanzando, y se espera que en las próximas horas el diputado Emiliano Estrada sea citado a declarar. Mientras tanto, el escándalo pone sobre la mesa la importancia de combatir la desinformación y las Fake News como amenazas a la democracia y la convivencia política.