Escándalo en pensiones truchas por discapacidad en Salta: "Serían casi 20.000"

Salta vuelve a estar en el centro de una investigación de alto impacto. El fiscal federal Carlos Amad confirmó en diálogo exclusivo con Somos La Mañana que se investiga un presunto fraude masivo vinculado al otorgamiento irregular de pensiones por discapacidad. De acuerdo a los primeros datos, se trataría de unas 20.000 personas que habrían accedido al beneficio sin cumplir con los requisitos legales.

"Estamos corroborando si lo que se está pagando es correcto o no. Lo que está hecho de manera irregular es un delito", expresó Amad, quien además detalló que se trabaja en conjunto con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y otros organismos para determinar el alcance real del perjuicio.

Según explicó, la investigación aún se encuentra en etapa de recolección de pruebas: "Seguimos buscando documentación y estamos pendientes de las auditorías que se están haciendo. ANSES informará oficialmente los resultados una vez concluidas".

Uno de los casos más alarmantes se detectó en la localidad chaqueña de Taco Pozo, donde -según el fiscal- se verificó una pérdida para el Estado nacional cercana a los mil millones de pesos producto del pago indebido de estos beneficios.

Amad remarcó que se está investigando no solo a los beneficiarios que habrían cobrado de manera indebida, sino también a la estructura detrás de estas maniobras: "Estamos buscando quiénes fueron los que permitieron que se otorgaran pensiones a quienes no correspondía".

A nivel nacional, también se identificaron patrones similares, lo que indicaría un modus operandi replicado en diversas jurisdicciones. En este contexto, la causa podría derivar en una investigación federal de mayores dimensiones.

El avance de esta causa no solo pone en tela de juicio la transparencia del sistema de pensiones por discapacidad, sino también la responsabilidad de los funcionarios involucrados en su ejecución y control. El perjuicio económico, que se estima multimillonario, podría derivar en sanciones penales y administrativas.