Fiscales piden quitarle la domiciliaria al exintendente Martínez: podría ir preso

La Unidad Fiscal presentó un recurso de apelación contra el fallo que otorgó arresto domiciliario a Roberto Ortega Serrano y Carlos Alfredo Martínez, argumentando que el juez no valoró adecuadamente los riesgos procesales, como la posibilidad de manipulación de pruebas e influencia sobre testigos.

El recurso fue presentado ante el Juez de Garantías 1, Raúl López, en respuesta a la sentencia emitida el 10 de octubre. En dicha resolución, el magistrado rechazó la solicitud de prisión preventiva realizada por el Ministerio Público Fiscal, optando por conceder arresto domiciliario con consigna policial para los imputados Ortega Serrano y Martínez.

La Unidad Fiscal considera que la decisión del juez es errónea, señalando una interpretación incorrecta del artículo 386 del Código Procesal Penal de Salta (C.P.P.S). Según la Fiscalía, el magistrado centró su fallo únicamente en la posibilidad de que los acusados reciban una condena de prisión efectiva, sin tener en cuenta otros supuestos que justifican la prisión preventiva. En el caso de Ortega, se argumenta que existe un riesgo concreto de que obstaculice la investigación, mientras que en el caso de Martínez, también se destaca la posibilidad de una pena de cumplimiento efectivo debido a sus antecedentes penales.

La solicitud de prisión preventiva se basó en la conducta obstructiva de Ortega Serrano, quien, en una investigación anterior, evitó el secuestro de su celular arrojándolo a una propiedad vecina. Además, Ortega habría obtenido y transferido información sobre un allanamiento gracias a su condición de abogado, lo que, según la Fiscalía, representa un claro riesgo de entorpecimiento. En el caso de Martínez, se lo acusa de influir en la declaración de testigos, lo que también justificaría su prisión preventiva.

La Fiscalía argumenta que el arresto domiciliario no es suficiente para mitigar estos riesgos, ya que los imputados, desde sus domicilios, podrían seguir manipulando pruebas o influyendo en testigos mediante medios tecnológicos. Además, resaltan que el domicilio de Martínez, donde cumpliría su arresto, se encuentra frente a la Municipalidad de Aguas Blancas, lo que consideran inadecuado debido a la conmoción social que sus acciones generaron en los municipios del norte de Salta.

Finalmente, la Fiscalía subraya la urgencia de que el recurso de apelación sea tratado con celeridad para corregir lo que consideran un error en la resolución y garantizar que la investigación continúe sin interferencias, especialmente dado el rol público que ambos imputados desempeñaban.