Cámaras advierten la inacción de la Justicia Federal por los cortes de ruta

Esta semana la Justicia Federal acercó, mediante Gendarmería Nacional, un acta en la que se instaba a los manifestantes autoconvocados a despejar el corte que mantienen hace semanas, sobre ruta nacional 51, en Campo Quijano. Fue la única acción concreta que se realizó y el resultado no fue el esperado. 

Ante la continuidad de los cortes, Cámaras empresarias reclamaron por la inacción del fuero federal. Lo hicieron a través de una carta enviada al fiscal Eduardo Villalba, que dice: 

"Mediante la presente, expresamos nuestra profunda preocupación por la falta de acción por parte de las Fiscalías Federales con respecto a los continuos cortes que se llevan a cabo desde hace ya tiempo en las Rutas Nacionales N° 51, 34, 86, 9, 50, 68 y 16 que son importantes vías de comunicación en nuestra provincia de Salta. Estos cortes han obstaculizado el tránsito durante los últimos 20 años, privando a los habitantes de las localidades y trabajadores poder ejercer su derecho constitucional de circular libremente.

Nos preocupa aún más la información que hemos recibido acerca de una intervención suya en respuesta a una consulta de la Gendarmería Nacional, el pasado 7 de junio, en la que se discutía el enfoque a seguir ante el corte total de ruta que se llevaba a cabo en San Antonio de los Cobres con cuatro días de bloqueo, y en donde se sometió como rehenes a los ciudadanos que circulaban y habitantes de esa zona. Según se conoció, usted se ofreció como vocero de los reclamos y sugirió a los manifestantes que se retiren y, para el caso de que el gobierno no ofrezca soluciones satisfactorias, se entendió que podrían continuar con la medida de fuerza, así ocurrió, se prolongó dos días más con un corte total. No es menor resaltar, la respuesta contundente que recibió Ud. por parte de la referente de dicho piquete, donde le ordenó que tramite el petitorio, cortándole el diálogo inmediatamente. Nos resulta alarmante, que ante la comisión de hechos delictivos, la Coordinación Federal o la Procuración General de la Nación, promuevan este tipo de intervenciones, y expongan a los Fiscales a extorsiones, como las acontecidas.

Frente a esta situación, nos preguntamos cuál es el papel de la justicia federal, de los fiscales y el suyo, cómo se defienden los derechos e intereses de todos los cludadanos ante hechos de evidente flagrancia.

Entendemos la importancia del diálogo y la búsqueda de soluciones pacificas, pero nos preocupa que ante estas situaciones las respuestas suyas o de los Fiscales Federales, se prolongue indefinidamente perjudicando a un sin fin de ciudadanos que no tienen la posibilidad (como si la pueden tener los que reclaman) de recibir vuestro llamado, gestionar sus petitorios y asegurar su cuidado. Si considera que los funcionarios públicos, incluyendo gobernantes, legisladores e Intendentes, no están cumpliendo con sus responsabilidades, le instamos a que tome las medidas legales correspondientes contra ellos. Sin embargo, le solicitamos encarecidamente que no se tomen a los ciudadanos salteños y argentinos como rehenes en aras de alcanzar únicamente acuerdos elegantes.

Asimismo, nos preocupa la presencia de Individuos que actúan con fines políticos o con el único propósito de generar enfrentamientos y caos en la provincia, sin tener un verdadero interés en los reclamos que legitimamente expresan muchos salteños frente a las injusticias que pueden estar sufriendo. Estas acciones perjudican aún más y dificultan la búsqueda de soluciones efectivas y pacificas. Por lo tanto, porque no actúa también en consecuencia, para defender las instituciones democráticas, contra aquellos que utilicen estas protestas como medios para promover sus agendas políticas y que quieren desestabilizar el orden de paz.

Nuestra Constitución establece un país republicano y federal, con principio y derechos para todos, contando con instituciones democráticas y mecanismos de control para asegurar una convivencia pacifica. Es fundamental garantizar la seguridad y el pleno ejercicio de los derechos de todos los argentinos, sin priorizar los intereses de unos sobre los de otros ni generar privilegios injustificados.

En consecuencia, como Fiscal de la República, no es menor que demuestre una actitud de respeto hacia las leyes y a la constitución, y actuar con responsabilidad. Creemos que si no está en condiciones de dar respuestas ante estos tipos de hechos porque lo afectan moralmente o personalmente, respetuosamente le pedimos que dé un paso al costado, ejercer una función como la suya implica velar por los intereses generales de toda la ciudadanía.

Le requerimos que tome medidas urgentes para resolver esta situación, en línea con el mandato constitucional y garantizar una convivencia pacífica".