Aguas Blancas al borde de la intervención: el informe que llegó a la Legislatura

El Procurador General de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, envió una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, y al presidente de la Cámara de Senadores, Antonio Marocco, para informar sobre la grave situación institucional que afecta al Municipio de Aguas Blancas. En el documento, se destaca la imputación del intendente Carlos Alfredo Martínez, quien enfrenta cargos por entorpecimiento de acto funcional y violación de secretos.

El pasado 6 de septiembre, la Unidad Fiscal lo imputó por estos delitos y fue citado a declarar el 12 de septiembre. Optó por hacerlo ante el Juez de Garantías, Claudio Alejandro Parisi, quien, junto al abogado Roberto Ortega Serrano, está bajo sospecha de haber permitido el acceso indebido al expediente que contenía órdenes de allanamiento en los domicilios de Martínez. Estas irregularidades fueron descubiertas en los mensajes de WhatsApp del propio intendente.

Además, la situación toma mayor gravedad al vincularse con la investigación del homicidio de César Daniel Martínez, hermano del intendente, quien fue asesinado mientras cumplía arresto domiciliario en su residencia. La Unidad Fiscal ha solicitado varios allanamientos en relación con este caso, y Carlos Alfredo Martínez está siendo investigado por la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado.

El Procurador General también informó que el intendente Martínez tiene antecedentes penales, incluyendo una condena de cinco años de prisión por transporte de estupefacientes en 2013, y actualmente enfrenta otro proceso por lavado de activos, con un auto de procesamiento confirmado por la Cámara Federal de Tucumán.

García Castiella subraya en su comunicación la necesidad de que las instituciones provinciales actúen con celeridad para garantizar el funcionamiento normal del Ejecutivo Municipal de Aguas Blancas y prevenir que el crimen organizado afiance su presencia en la zona norte de la provincia.