Uno de los médicos que emitía certificados truchos trabaja en J. V. González

Hace unos días, el vocero presidencial, Manuel Adorni, mostró la radiografía de un perro presentada por un médico de Corrientes en 2022 para obtener una pensión por un trastorno de disco lumbar e hipertensión. Este incidente desató un amplio debate sobre los criterios para la entrega de certificados de discapacidad. Durante la investigación, la Justicia descubrió que la localidad chaqueña de Taco Pozo registró al 10% de su población con discapacidad mediante certificados fraudulentos. Entre los implicados figura un profesional conocido en el departamento de ANTA, quien trabaja en Joaquín V. González.

De acuerdo a los datos aportados por Infobae, el mismo se trataría de Rafael Lenin Azañero Anaya, médico traumatólogo, extendía certificados médicos por incapacidad. El mismo acumularía varias denuncias en su contra por otros graves hechos.

El fiscal federal de Chaco, Carlos Amad, está investigando dos causas que involucran miles de pensiones por discapacidad laboral fraudulentas. En la primera causa, que detalla a unos 800 beneficiarios, representa el 10% del municipio de Taco Pozo. En este expediente, nueve personas han sido imputadas, incluyendo al intendente Carlos Antonio Ibáñez, médicos, directores del Hospital Rural Santa Rosa de Lima y "gestores" que cobraban hasta $30.000 para iniciar los certificados con datos falsos y así originar los expedientes que, finalmente, serían aprobados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El dinero exigido por los "reclutadores" consta en varios cuadernos secuestrados durante los allanamientos.

"El 97 por ciento de esas Pensiones No Contributivas por discapacidad laboral son fraudulentas", aseveró el fiscal Amad en declaraciones a este medio.

La causa, identificada como expediente 2929/2023 y caratulada como "defraudación contra la administración pública", fue revelada en exclusiva por Infobae, mostrando detalles escandalosos.

La segunda causa involucra a unos 23.000 beneficiarios y se investiga el mismo delito en 37 localidades de la provincia de Chaco, como Villa Río Bermejito, San Bernardo, Presidencia Roque Sáenz Peña, Pampa del Infierno y Corzuela.

Documentos de la causa incluyen cuadernos con los montos pagados por las personas para acceder a una pensión no contributiva con datos falsos, aprobadas por la ANDIS. El pasado 19 de julio, el gobierno de La Libertad Avanza denunció un esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad que habría desviado 3.400 millones de dólares.

Una auditoría ordenada por el director ejecutivo del organismo, Diego Spagnuolo, derivó en una denuncia penal que está siendo investigada por el fiscal federal Guillermo Marijuan. "Solo el 7% de las pensiones por invalidez laboral cumplen con los requisitos establecidos", afirmaron desde la ANDIS. Apenas asumió, Spagnuolo puso a disposición del fiscal Amad y otros investigadores toda la documentación necesaria para avanzar en las causas.

La puntillosa investigación del fiscal Amad reconstruyó el entramado corrupto de una "gran asociación ilícita" que involucraba a sujetos en cargos clave tanto dentro como fuera de la administración pública. Entre los imputados están: