El gobierno denunció que 200 presos cobraban pensiones por invalidez laboral
Los beneficios, además, se otorgaban en tiempo récord.
El gobierno de Javier Milei denunció un grave caso de mal uso de los recursos públicos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según la investigación, 200 presos, incluidos aquellos en prisión preventiva o condenados, cobraban pensiones no contributivas por invalidez laboral, una práctica que se descubrió durante los operativos de auditoría iniciados por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
El escándalo involucra a más de 500 personas entre presos y prófugos de la justicia que, aparentemente, accedieron a estos beneficios sin cumplir con los requisitos establecidos. De acuerdo con los datos recabados, 331 prófugos y 200 presos recibían pensiones por invalidez laboral, un beneficio destinado a personas con discapacidad que, en muchos de estos casos, no estaba justificado.
El Ministerio de Seguridad y la ANDIS informaron que las investigaciones apuntan a una serie de irregularidades bajo la gestión de Paula Martínez, quien estuvo al frente de la agencia durante el gobierno de Alberto Fernández. La denuncia revela que durante su gestión se flexibilizaron los controles para otorgar pensiones no contributivas, lo que permitió que personas que no cumplían con los requisitos legales obtuvieran el beneficio.
Más de 200 detenidos, cobraban la pensión por invalidez laboral, según denunció el gobierno nacional.
Uno de los casos más destacados involucró a un hombre de 40 años residente en La Matanza, quien recibió la pensión apenas tres días después de iniciar el trámite, a pesar de que su auditoría médica fue desfavorable. Otro caso, en Quilmes, se dio a un hombre de 41 años, quien, estando bajo prisión domiciliaria, consiguió su pensión en solo seis días.
La investigación también pone en evidencia la velocidad con la que se otorgaron pensiones a última hora de la gestión de Fernández, especialmente en los últimos días de su mandato. Según la fiscalía a cargo de Guillermo Marijuán, se habrían modificado normativas para facilitar el proceso y facilitar el acceso a las pensiones, sin los controles pertinentes.
Durante la gestión de Paula Martínez, se otorgaron más de 300.000 nuevas pensiones, muchas de ellas en el último tramo del gobierno anterior. La fiscalía investiga si este sistema de pensiones fue utilizado de manera política para beneficiar a determinados sectores, promoviendo campañas a través de la entrega de pensiones sin los requisitos establecidos.
El actual gobierno marcó que este tipo de irregularidades se dio dentro de una de las "cajas" más sensibles del Estado, junto con otras instituciones clave como ANSES, PAMI y el Ministerio de Desarrollo Social. La denuncia también pone de manifiesto un patrón de abuso y descontrol en la asignación de recursos públicos bajo la gestión anterior.
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