Robo y contrabando de rieles en Salta: hay más imputados

La investigación sobre el robo y contrabando de rieles en el ramal ferroviario C25, que atraviesa la localidad salteña de Coronel Juan Solá (también conocida como Morillo), generó un impacto considerable en la región. Atta Gerala, intendente de Rivadavia Banda Norte, figura entre los principales investigados en este escándalo que ya suma varias detenciones, entre ellas la de su hijo, José Miguel Gerala, y otros presuntos implicados.

El pasado lunes, Gerala solicitó al Concejo Deliberante de Rivadavia Banda Norte una licencia de 30 días sin goce de sueldo, sin exponer razones en su petición. La solicitud fue aceptada de inmediato en una sesión extraordinaria, dejando al presidente del Concejo, Claudio Gerardo Ruiz, como intendente interino. Sin embargo, ante la creciente evidencia y el temor que infunde la figura de Gerala en la zona, los residentes dudan de que su salida sea temporal.

En el marco de la investigación, el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, ordenó el 29 de octubre allanamientos en propiedades ligadas a Gerala y a otros sospechosos en Morillo, Orán y Aguas Blancas. En estas operaciones, fuerzas de Gendarmería Nacional y agentes de la Dirección General de Aduanas (DGA) incautaron 150 toneladas de rieles cortados y material ferroso, valuados en $380 millones. Según la acusación, José Miguel Gerala organizaba la extracción de rieles, empleando maquinaria municipal y la mano de obra de comunidades originarias locales.

El fiscal Eduardo Villalba, quien lidera el caso, sostiene que el material ferroviario se extraía con herramientas y maquinaria proporcionadas por el Municipio de Rivadavia Banda Norte, y apunta a la posible colaboración de gendarmes locales en el contrabando de rieles hacia Orán, donde el detenido David Edilberto Medina habría gestionado un galpón para almacenar el material. Villalba asegura que José Miguel Gerala utilizaba su influencia, respaldada por su padre, para movilizar y coordinar a los involucrados en este delito.

En una audiencia reciente, el juez Montoya consideró la influencia del intendente Gerala como un riesgo para la investigación y dictó prisión preventiva para los detenidos, enfatizando la "vergonzosa complicidad" de algunos efectivos de seguridad en el esquema de contrabando. La empresa Belgrano Cargas, afectada por la pérdida de los rieles, mostró interés en la recuperación del material robado, y el juez comparó el caso con el saqueo de caños del Gasoducto del NEA en 2020.

La Fiscalía anticipó que el proceso de investigación continúa, y que existen pruebas contundentes que involucran a otros actores en la organización delictiva. Según fuentes de la Unidad Fiscal Salta, se espera la llegada de más imputaciones, mientras Atta Gerala permanece como uno de los principales sospechosos en este entramado. La causa por robo y contrabando de rieles añade una nueva acusación al historial de denuncias que enfrenta el intendente, quien ya había sido procesado en 2016 por peculado en una causa que sigue pendiente de resolución en Tartagal.