Robo millonario en la Caja de Abogados de Salta: las pericias aportarán datos claves

Continúa la investigación por el escandoloso y millonario robo en la Caja de Abogados de Salta. En ese sentido, los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Ana Inés Salinas Odorisio solicitaron al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) que eleve un Informe Pericial Contable en el marco de la causa por administración fraudulenta.

Para ello, desde la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) se entregó al CIF toda la documentación obrante en el Legajo de Investigación, consistente de dos cuerpos de 231 fojas y un bibliorato de 411 fojas.

Según informó Fiscales Penales Salta, se espera que en 15 días hábiles, los peritos eleven un informe a la Unidad Fiscal.

La causa

Por Resolución 1456/23 del 17 de agosto de 2023, el procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, creó la Unidad Fiscal integrada por los fiscales Penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, y la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio.

La Unidad Fiscal lleva adelante la investigación que inició a partir de la denuncia de las autoridades de la Caja de Abogados de la Provincia de Salta, quienes fueron alertados por personal del área contable sobre una irregularidad detectada en el cobro de un expediente y que, al hacer un relevamiento, detectaron que hubo otra situación similar.

La maniobra consistía en recibir un pago y en forma posterior anular el recibo respectivo sin dejar asentada la razón o motivo de este accionar, provocando que en los registros informáticos internos, el pago efectivamente realizado por el aportante figurara como adeudado, cuando en los hechos se extendió por caja un recibo perfectamente conformado y valido para ser presentado en juicio como constancia de pago.

El martes 11 de julio, un hombre que se desempeñaba en el lugar con la función de cajero fue detenido e imputado provisionalmente por el delito de administración fraudulenta.

El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, solicitó la prisión preventiva del imputado, siendo rechazada el 2 de agosto pasado por el juez Diego Rodríguez Pipino, del Juzgado de Garantías 4 del distrito Centro. En su lugar ordenó el arresto domiciliario del imputado con un sistema de monitoreo y la caución real por un monto superior a 43 millones de pesos en efectivo o bienes susceptibles de ser ejecutados a tal fin.