Por abuso, juzgan otra vez al represor Joaquín Guil 

Guil, condenado por delitos vinculados a su accionar en la última dictadura militar, vuelve a enfrentar un juicio por el delito de abuso deshonesto, agravado por el uso de fuerza o intimidación, por la calidad de los autores y por el concurso de dos o más persona en perjuicio de una mujer.

El hecho por el que el acusado (actualmente de 85 años de edad) habría ocurrido el 24 de abril de 1975. Según la fiscalía, la víctima concurrió en la tarde a la oficina de la Jefatura de la Policía de Salta para obtener autorización para retirar el cadáver de su hermano, quien el día 20 de abril había sido asesinado por personal de la fuerza mientras descansaba junto a otro hombre en el interior de una vivienda en San Lorenzo, hecho por el que también hubo condenas.

La mujer fue atendida por un agente y luego por quien afirmaba ser el Jefe de Policía, quien ordenó que la llevaran a una habitación para ser requisada. En dicha habitación, y al frente de aproximadamente 20 uniformados, la obligó a quedar desnuda y someterla a tocamientos.

Guil, en ese entonces, se desempeñaba como Director de Seguridad de la Policía de la Provincia de Salta, motivo por el cual integraba la cúpula policial y a través de dicha posición tuvo el dominio del poder; por lo que responde como autor del delito.

"Un plan organizado"

El fiscal Carlos Amad, a cargo de la causa, remarcó en el requerimiento a juicio que este hecho no fue aislado, sino que "las conductas aquí reprochadas conforman parte de un plan organizado y sistemático de represión ilegal, concebido y ejecutado desde la cúpula del aparato organizado de poder del estado".

Asimismo, puntualizó el sistema represivo ilegal se implementó desde antes al golpe de Estado de 1976, es decir, en un gobierno democrático, y terminó de consolidarse con el golpe. El Tribunal está compuesto por el juez Federico Díaz (Presidente), Marta Snopek y Marcelo Juárez Almaráz.

Guil ya cuenta con diversas condenas por delitos de lesa humanidad, entre ellas: prisión perpetua por el secuestro y desaparición del ex gobernador de la provincia Miguel Ragone; por la causa de la masacre de Palomitas; por la Megacausa UNSa que contenía 34 víctimas. A pesar de las numerosas condenas, el represor cuenta con prisión domiciliaria en San Lorenzo, informó Nuevo Diario.