Policías salteños voltearon a piedrazos una casa y golpearon a un chango: van a juicio

Este lunes dio inicio la audiencia de debate en el juicio oral contra los policías Aldo Daniel Chauque, Santiago Delfín Jonatan Alcoba, Leonardo Corrillo, María José Miranda, Jorge Valdiviezo, Jorge Alberto Saracho Dermith, Álvaro Nicolás Guanca y Cristian Cruz, como supuestos autores de los delitos de allanamiento ilegal, vejaciones agravadas por la violencia y lesiones graves en concurso ideal, todo en concurso real. En tanto, Chauque, Alcoba, y Corrillo enfrentan acusación por el delito de falsedad ideológica.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia unipersonal, ante la Sala V del Tribunal de Juicio, presidida por la jueza Mónica Faber. Como "amicus curiae" (amigos del Tribunal) están presentes representantes de la Secretaría de Derechos Humanos y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura. Su interés, como manifestaron, es brindar opiniones fundadas sobre el tema, sin integrar ninguna de las partes.

Luego de la lectura de la requisitoria y calificación, se abrió el debate con la consulta a los imputados sobre si deseaban ejercer su derecho a prestar declaración. Optaron por no hacerlo por el momento.

En el comienzo de la etapa probatoria, la primera testimonial que se recibió fue la del damnificado. Luego se hizo lugar al testimonio de la denunciante, dueña del inmueble, y se exhibió un vídeo del momento del hecho, proveniente de las cámaras con las que contaba el móvil policial que intervino en el operativo.

En la mañana del 19 de diciembre de 2020, mientras el damnificado caminaba por el barrio Bicentenario en compañía de un amigo, fueron abordados por un vehículo policial de la Comisaría Palermo con cuatro policías a bordo que comenzaron a proferir insultos y silbidos hacia ellos. Posteriormente, la situación recrudeció en el domicilio del amigo, donde los policías lanzaron piedras contra la vivienda, rompieron una ventana y entraron sin autorización de la dueña de la vivienda, para golpear al afectado, incluso después de haber sido reducido.