Policías bolivianos estarían involucrados en robos de autos argentinos

Una trama de corrupción y complicidad parece estar emergiendo en Yacuiba, Bolivia, donde al menos siete policías están bajo investigación por presuntos vínculos con bandas delictivas responsables del robo de vehículos en la ciudad fronteriza de Salvador Mazza, Argentina. Este oscuro entramado delictivo ha generado preocupación tanto en los salteños, como en las autoridades nacionales.

El portal informativo ahoradigital.net reveló los movimientos dentro de una dependencia policial en Yacuiba, donde se indaga la posible implicación de jefes y policías de bajo rango en actividades delictivas relacionadas con robos de vehículos y asaltos armados. La investigación, que se mantuvo en secreto, fue confirmada por el coronel José Ilolanes, comandante de la Policía en el Departamento, quien reconoció la apertura de un proceso disciplinario en respuesta a las denuncias públicas.

Según Ilolanes, el órgano encargado de investigar a los uniformados está recopilando información y evidencia para identificar a los responsables y tomar las medidas adecuadas. En medio de estas revelaciones, se destaca que al menos siete funcionarios de seguridad bolivianos, posiblemente de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), están siendo investigados, lo que llevó a una aparente desarticulación de dicha dependencia.

Estos acontecimientos avivaron el debate sobre la seguridad en Salvador Mazza, donde la sensación de "tierra de nadie" se volvió cada vez más palpable. El periodista de frontera, Raul Coste, destacó la impunidad con la que operan las bandas delictivas, señalando la falta de protección para los ciudadanos y la aparente connivencia de autoridades policiales con los delincuentes.

Los norteños se encuentran preocupados por la aparente zona liberada que permitió que el crimen organizado opere con impunidad, llevando a cabo robos de vehículos en Argentina y trasladándolos a Bolivia con relativa facilidad. Ante esta situación, se espera que las autoridades tomen medidas contundentes para restaurar la confianza en las fuerzas de seguridad y garantizar la seguridad de los ciudadanos en la región fronteriza.