Torturaron y detuvieron de forma ilegal a salteños: Levín y compañía conocieron sentencia

El tribunal desestimó por unanimidad los recursos de las defensas y afirmó que los hechos cometidos contra Víctor Cobos, un trabajador y representante gremial de la UTA, constituyen crímenes de lesa humanidad. Durante el juicio, los testimonios de trabajadores sobrevivientes y sus familiares demostraron la responsabilidad de Levín en los secuestros y las denuncias falsas de fraude que justificaron las detenciones ilegales.

La Cámara de Casación confirmó la sentencia y la pena de 12 años contra Marcos Levín, el ex dueño de La Veloz del Norte, y los ex policías de Salta, Víctor Hugo Almirón y Víctor Hugo Bocos, por su participación en secuestros y torturas de gremialistas. Durante la última dictadura cívico-militar. Esta decisión marca un precedente al ser el primer empresario condenado por delitos de lesa humanidad.

Estos crímenes estuvieron motivados por el intento de eliminar la resistencia sindical en la empresa de transporte. Marcos Levín, el entonces dueño de La Veloz del Norte, se convirtió en un enemigo del delegado Víctor Cobos, quien también era miembro de la conducción de la UTA de Salta. La sentencia confirmada establece que Levín fue un actor esencial en estos eventos delictivos, en lugar de un colaborador secundario como argumentaba su defensa.

La condena contra Levín, Almirón y Bocos es un testimonio del papel que desempeñaron sectores empresariales en la última dictadura cívico-militar y su relación con la represión y la violación de los derechos humanos. Estas acciones también se realizaron en coordinación con el poder político de facto y en apoyo a la reestructuración económica. La Cámara de Casación confirmó esta responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad y marcó un precedente importante, al convertirse en el primer empresario en recibir esta condena por crímenes de Lesa Humanidad.

En 2016, el Tribunal Oral Federal de Salta condenó a Levín a 12 años de prisión por estos delitos, y la misma pena se aplicó a Víctor Hugo Almirón y Víctor Hugo Bocos.

Posteriormente, la Sala III de la Casación Federal anuló el fallo en octubre de 2017, alegando que los crímenes contra Víctor Cobos no eran de lesa humanidad y no se enmarcaban en el contexto de represión a trabajadores. La Corte Suprema, en 2022, ordenó una nueva sentencia en este caso después de un largo proceso legal. Finalmente la condena quedó firme.