Le robó el DNI a salteño y fue condenado: la víctima no pudo casarse ni votar

En 2012, un residente de Tartagal denunció que, al intentar votar por primera vez, descubrió que otra persona estaba utilizando su número de DNI. La fiscalía federal investigó el caso y logró condenar al responsable.

A través de un acuerdo de juicio abreviado, solicitado por el fiscal general Carlos Martín Amad, el Tribunal Oral Federal N°1 condenó a Jorge David Ari Canaza, también conocido como Mamani Arias Canaza, a tres años de prisión condicional por el delito de uso de documento público adulterado con el fin de acreditar la identidad de otra persona.

El juez Federico Santiago Díaz, actuando en solitario, ordenó la destrucción del DNI adulterado y comunicó la decisión al Registro Civil y otros organismos pertinentes, instruyendo que "procedan a regularizar la situación" de la víctima, Gabriel Fernando Ávila.

Este fallo puso fin al proceso penal que comenzó el 5 de agosto de 2022, cuando Ávila denunció en la Sede Descentralizada de Tartagal los problemas que enfrentaba debido al robo de su identidad. Ávila, trabajador independiente, explicó que nunca había cambiado de domicilio, pero que había encontrado dificultades al realizar trámites relacionados con su DNI.

Relató que años antes, su madre había perdido su documento y el de su hermano en un viaje a Bolivia, situación que no le preocupó hasta que intentó votar por primera vez y descubrió que su nombre aparecía registrado con un domicilio en la ciudad de Salta.

En 2016, cuando fue a solicitar su licencia de conducir en la oficina de tránsito del municipio, le informaron que debía pagar una multa por una infracción cometida en Salta. Ávila afirmó que esto era imposible, ya que nunca había vivido en la capital salteña y era la primera vez que gestionaba su licencia.

El acusado aceptó la condena

Con todas estas pruebas, el juez Bavio dispuso el procesamiento del acusado, sin prisión preventiva, el 22 de diciembre del año pasado. Posteriormente, el caso fue elevado a juicio. En esta fase, las partes negociaron un acuerdo de juicio abreviado, según lo establecido en el artículo 22 del Código Procesal Penal Federal.

La fiscalía presentó el acuerdo, y el acusado admitió su responsabilidad, aceptando la pena acordada. Esto llevó al juez Díaz a ratificar el acuerdo, dictar la condena y subrayar la importancia de regularizar la identidad de la víctima.

Además, el Registro Nacional de las Personas informó sobre la existencia de un expediente administrativo relacionado con la misma irregularidad.

El caso fue archivado en la jurisdicción provincial

Cuando Ávila intentó casarse en Tartagal, el Registro Civil le informó que no podía hacerlo porque había otra persona con sus mismos datos, aunque con una apariencia física diferente. Ávila presentó una denuncia por usurpación de identidad en el fuero ordinario, pero el Ministerio Público Fiscal de la provincia le notificó que el caso había sido archivado.

Por esta razón, recurrió a la Sede Descentralizada de Tartagal, que inició las investigaciones y luego transfirió el caso a la Unidad Fiscal de Salta, ya que el presunto autor de la usurpación residía en una vivienda del barrio San Alfonso de la capital provincial.

El fiscal general ordenó las investigaciones preliminares y luego solicitó la detención del sospechoso y el allanamiento de su vivienda, lo cual se llevó a cabo el 23 de septiembre de 2023. Durante el operativo, además de arrestar al acusado, se incautó numerosa documentación comercial a nombre de la víctima.

En su declaración ante el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, el acusado, identificado como Jorge David Ari Canaza o Mamani Arias Canaza, optó por no declarar. Sin embargo, la fiscalía continuó las investigaciones, logrando establecer su responsabilidad en el uso ilegal de la identidad de la víctima.

Entre otras cosas, se determinó que había dos personas utilizando el número de DNI de Ávila: una era el propio Ávila, con domicilio en Tartagal, y la otra era el acusado, residente en Salta, quien había realizado trámites en 2013 y 2016 utilizando el documento adulterado.